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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades a cargo del caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández a respetar sus derechos fundamentales que garantice una vida libre de violencia, así como acceso al debido proceso legal. A través del Pronunciamiento DGDDH/025/2023, emitido el día de ayer 13 de junio, el organismo protector de derechos humanos recuerda a las autoridades que deben prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Hay que recordar que en cumplimiento de una sentencia de amparo federal, el sábado 3 de junio del presente año la jueza Angélica Sánchez Hernández ordenó la liberación de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, a quien la Fiscalía de Veracruz, fallidamente, intentó atribuirle el homicidio del exdiputado del PRI Juan Carlos Molina, ocurrido en 2019.
De acuerdo con la Jueza, 2 días después, el lunes 12 de junio, fue citada en Xalapa por el secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Luis Priego, para facilitar que fuera detenida por un grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, quienes le habrían sembrado drogas y un arma de fuego.
Para justificar la detención, los elementos de la Policía Estatal señalaron que la jueza Angélica Sánchez una mujer de la tercera edad con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial les había disparado sin razón alguna.
Después de permanecer 2 días detenida, Sánchez Hernández fue liberada por la Fiscalía General del Estado al carecer de elementos para solicitar su vinculación a proceso. Al salir, la jueza acusó haber sido víctima de tortura en el cuartel de San José, en Xalapa, perteneciente a la Policía Estatal. Los hechos causaron pronunciamientos de jueces y magistrados de todo el país, tanto locales como federales; así como de asociaciones internacionales de juzgadores.
En su narración, de acuerdo con la jueza veracruzana, la intimidación en su contra comenzó el sábado 4 de junio, cuando le comunicó a la Presidenta del Poder Judicial de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, el cumplimiento de un amparo federal en el caso de «El Compa Playa», quien se encontraba recluido en Ramos Arizpe, Coahuila.
“Cuando le comuniqué lo que había dictado se puso furiosa (la Presidenta del PJEV) y me dijo ‘¿Por qué no me avisaste lo que ibas a resolver?’, así gritándome”.
“Yo le dije ‘discúlpeme, no tengo por qué avisarle, yo voy a responder ante la autoridad federal y no voy a inventar datos de prueba que no existen’, y sólo me dijo ‘atente a las consecuencias’ y las vi desde el domingo”, apuntó.
Luego de conversar con Jiménez Aguirre, la Jueza se percató que policías ministeriales y estatales comenzaron a dar rondines por su casa, y un día después fue detenida con violencia al salir de su domicilio a bordo de su vehículo.
“No tenían orden de aprehensión, la treta era hacerme una detención en flagrancia, para eso usaron a Seguridad Pública, que se me atravesaron con sus patrullas, me bajaron a jalones de mi vehículo, no tenía ni dos minutos de haber salido de mi casa”, aseveró.
Ya en el cuartel de San José, ubicado en el centro de Xalapa, la jueza dijo que fue llevada a una especie de patio donde, tomando su mano, la obligaron a disparar una pistola en dos ocasiones.
“(Más tarde) me volvieron a sacar, ya con una mesa y sobre ella mi bolsa de mano, y sacaron unos sobrecitos de droga y una pistola, la misma pistola que me habían hecho disparar estaba ahí en la mesa”, recordó.
Entre los abusos que sufrió, la jueza enlistó el de intimidación, coacción al hacerla disparar un arma, tortura física y psicológica, violencia moral, todos por los que señaló a servidores públicos. Al ser cuestionada sobre el amparo que resolvió, por cuya resolución pasó dos días detenida, mencionó que ella no iba a fabricar datos de prueba inexistentes.
“No había forma de sustentar estas declaraciones y en un asunto de homicidio, si no hay necropsia no hay homicidio”, explicó. La jueza apuntó que no asistió al Poder Judicial, tras ser notificada de un proceso sancionador, pues aún no cuenta con un amparo federal que la proteja.
“Estoy con mucho temor, estoy enfrentando fuerzas muy poderosas, temo por mi vida y por la de mis hijos, pero debo dar la cara por mis compañeros jueces que se sienten amedrentados”, contó.
A Sánchez Hernández el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez la acusó de corrupción por dictar acto de no vinculación a proceso a Itiel Palacios García, alias “El Compa Playa”, presunto líder del CJNG en los límites de Veracruz y Oaxaca, detenido en noviembre de 2019.
CNDH |
