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Un juez de Control de Xalapa vinculó a proceso a la jueza Angélica Sánchez Hernández, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fé pública y tráfico de influencias.
Asimismo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Sánchez Hernández, detenida hace una semana en la Ciudad de México, señalada de haber pretendido liberar de manera ilegal a Itiel N, quien era señalado de tres crímenes, entre ellos del diputado local priista Juan Carlos Molina.
Además, otorgó a la Fiscalía General de Veracruz un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado presentó distintas pruebas para acreditar las acusaciones en contra de la jueza, por lo que el Juez de Control consideró que había elementos suficientes para poder iniciarle un juicio. La vinculación a proceso no significa que sea culpable.
Al respecto el Instituto Federal de la Defensa Pública (IFDP), que asumió la defensa de la jueza local, acusó que el juez de Control declaró privada la audiencia y dictó la prisión sin abrir debate entre las partes.
Por su parte, la Fiscalía General de Veracruz celebró el fallo dictado por el juez Control y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en el penal de Pancho Viejo.
La autoridad ministerial explicó que la detenida realizó diversas acciones en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”, señalado del crimen del legislador priista.
Sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían al quejoso ni la materia; además que no existía registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan. Con ello fue acusada de la probable comisión del delito contra la fe pública.
Además, la Fiscalía señaló que la carpeta de investigación se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado una certificación de hechos que no eran ciertas y dio fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso en el que se encontraba la juzgadora.
El representante social, detalló que la jueza, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada.
Se le señala de presuntamente haber amenazado y presionando para que se cumpliera su resolución, por lo cual fue acusada de la probable comisión del delito de tráfico de influencia.
Durante el inicio de la audiencia, integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública discutieron durante dos horas para convencer al juez que les permitiera también representar a la jueza, sin embargo la petición fue rechazada.
En tanto, los observadores del Alto Comisionado de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), quienes llegaron para atestiguar el caso, quedaron fuera de la audiencia y se retiraron sin emitir comentarios.
