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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que tiene en la mira a media centena de alcaldes de Veracruz, por presuntas irregularidades detectadas en el gasto de recursos públicos federales correspondientes al ejercicio fiscal 2022; es decir, el primer año de gobierno de la actual administración.
Este 10 de julio del 2023, se inició el proceso de fiscalización del gasto público del 2022 en municipios del país. Durante el anuncio de la revisión que se realiza a los ayuntamientos, se informó que se detectaron diversas irregularidades.
Entre otras observaciones, se registró el incumplimiento en la entrega de información de los proveedores y hasta la entrega de 54 contratos a empresas fantasmas.
En su primer año de administración, los alcaldes serán revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que se observó que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no tiene la atribución legal para revisar el gasto público federal de los municipios.
El secretario técnico de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, David Isaac Ortiz Calzada, dio detalles sobre algunos ayuntamientos que incumplieron con su responsabilidad de informar cómo gastan los recursos públicos provenientes de los fondos federales.
En Veracruz, los 212 municipios tienen una dependencia económica a la federación, les entrega el 90 por ciento del dinero que se gastan a través de fondos como el de Infraestructura Social para los Municipios, el de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones y a través de participaciones federales.
El funcionario federal explicó que a través de un modelo denominado “auditoría colmena”, se conoce el trabajo que vienen realizando los ayuntamientos en base a una plataforma en donde deben surtir información de parte de los municipios.
Destacó que algunos municipios que no han subido información de cómo se gastaron los recursos federales son: Xalapa, Banderilla, Jamapa, Las Chopas, Minatitlán, Medellín de Bravo, Tamiahua, y Tihuatlán.
“Como no queremos dar un incentivo perverso, dijo, ahora se determinó auditar al 100 por ciento todo el gasto federal. Ya no nos vamos con una muestra de auditoría (…) que podrían aportar una anomalía en el manejo de los recursos, ahora les pedimos el 100 por ciento de la información y sobre eso vamos a auditar, las probabilidades de un incumplimiento se incrementan”.
Otros más entregaron información de manera parcial, lo que también es irregular; en esa lista están Álamo, Alvarado, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Cazones de Herrera, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Lerdo de Tejada, Pánuco, Papantla, Rio Blanco, San Andrés Tuxtla, Teocelo y Tlacotalpan.
“Cargaron información, quizá no con alevosía, pero con información o desinformación que desacredita lo que los propios sistemas que nos probé la secretaria de Hacienda o Bienestar… es momento de hacer énfasis en qué está pasando con esos municipios, porque ya hay incumplimiento”.
Al dar información parcial, sobre los contratos e información que han entregado los municipios, al 9 de junio, conocieron que el 85 por ciento de las adquisiciones se hicieron por adjudicación directa.
Además, se encontraron 37 contratos que se dieron a empresas que no están dadas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no están localizables; un contrato con una empresa en la lista negra del SAT; 172 contratos con empresas de reciente creación, que se formaron una semana antes del inicio del periodo de los actuales alcaldes y hasta 180 días después del 1 de enero del 2022, cuando entraron en funciones.
También se detectó que mil 400 contratos el bienes o servicio se entregó en un periodo no mayor de 15 días y si repiten en otros municipios; además, detectaron 375 contratos que se dieron por montos superiores, a lo que permite la ley, para asignar de manera directa.
En el caso de obras, el funcionario dijo que hay 3 contratos con empresas que están en la lista negra de Hacienda; 7 más con empresas que no están dadas de alta; y 64 contratos con empresas de nueva creación; más de 120 contratos que se entregaron de manera directa a pesar de que el monto es mayor al que marca la ley.
