Organismos empresariales de Veracruz demandaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que se detenga el acoso, las amenazas de clausura y la aplicación de multas millonarias por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, que preside Sergio Rodríguez Cortés.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) delegación Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, pidió que se conforme una mesa de diálogo entre el titular del Poder Ejecutivo estatal, secretarios de despacho y empresarios.
Explicó que cerca de mil 500 socios de COPARMEX Xalapa, han sido víctimas de las multas aplicadas por la (PMA), que van conforme al tamaño de la empresa y el número de trabajadores que en ellas laboran.
La manera que operan inspectores de Medio Ambiente
“Esos procedimientos los realiza la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés”. Dijo que a las empresas llega un inspector de la PMA con el argumento de hacer una inspección derivada de “una supuesta denuncia ciudadana”; hace una revisión, desde el área de oficinas, almacenes, producción, baños de trabajadores hasta los patios o jardines.
Luego, el inspector, entrega un citatorio de comparecencia para que el representante legal de la empresa se presente a las instalaciones de la PMA en un plazo no mayor de 48 horas, que corren a partir de la entrega del citatorio.
Al acudir a las instalaciones de la Procuraduría, personal de la Dependencia muestra un procedimiento en el que la empresa se hace acreedora a una sanción mayor a doce mil UMAS (un millón 244 mil 880 pesos); después de algunas revisiones a la documentación se le comenta a la empresa que pueden hacer una rebaja de diez mil UMAS (un millón 37 mil 400 pesos) y en el mejor de los casos se propone dejar la multa en cinco mil UMAS (518 mil 700 pesos.
“Son muchas las empresas que han sido afectadas por los procedimientos irregulares de dicha dependencia y se nos dé un lapso de tiempo conforme a la ley para enmendar las posibles omisiones antes de aplicar multas que no van acorde al momento y circunstancias de la situación económica actual de las empresas en nuestro estado”.
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