Congreso rompe récord de más leyes impugnadas ante la Corte

Aunque la LXIV fue la primera Legislatura que instauró un récord de reformas impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es en este 2023 la LXV Legislatura tiene el mayor número de leyes y reformas cuya aplicación está en revisión de la Corte, porque las violaciones al debido proceso pusieron en duda la legalidad de 14 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el número de decretos que se publicaron o que están a semanas de publicarse, como efecto del trabajo legislativo a lo largo de este 2023, de los 123 decretos avalados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 18 se refieren a efemérides y únicamente 105 modificaron el orden jurídico nacional, pero de éstos, 14 están impugnados ante la Corte.

En una revisión de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por año, se observa que en el 2019 fueron cinco; en el 2020 otras cinco y en el 2021 seis; en el 2022 fueron otras cinco y en todo este año del 2023 suman 14, la mayoría producto de la llamada noche negra, cuando el Senado violó todos sus procedimientos internos para aprobar un paquete de 20 reformas y nuevas leyes.

El bloque opositor en el Senado presentó 12 acciones de inconstitucionalidad para impugnar el maratón de 20 reformas aprobadas en fast-track en la llamada noche negra del pleno senatorial donde sólo estuvieron los senadores de Morena, Verde, PT y PES.

Cada decreto fue impugnado en dos aristas de inconstitucionalidad, una por la violación al debido proceso legislativo y otra por el contenido mismo de la norma legal aprobada.

Los senadores de oposición presentaron acción de inconstitucionalidad del decreto que permite al Estado mexicano tener una línea aérea, administrada por el Ejército mexicano, y que ayer martes comenzó a operar con un primer vuelo comercial a Quintana Roo, aunque por fallas en el abastecimiento de turbosina debió hacer una escala en Yucarán.

También impugnaron la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, no porque estén en favor de su permanencia, sino porque la reforma que lo desaparece carece de precisiones sobre sus motivaciones y el proceso para que sea sustituido por el IMSS Bienestar, explicaron; como la Corte aún no determina su inconstitucionalidad, si es que procede, a nivel legislativo ya se tomó otra medida para tener el fondo federal para servicios de salud de las entidades federativas que se sumen al nuevo programa.

El tercer decreto que impugnaron es el referente al castigo de 15 años de cárcel por el uso ilegal de precursores químicos como el fentanilo, porque el contenido carece de rigor en la aplicación de los criterios que se usarán para la sanción, por lo que pone en riesgo a quienes lo utilizan de manera lícita, precisan los legisladores en el documento presentado a la Corte.

También presentaron acción de inconstitucionalidad por la totalidad de las reformas a la Ley Minera; todo lo referente al reforzamiento de la militarización del espacio aéreo y el decreto para el remate de bienes públicos.

Además, los decretos que se refieren a dar más injerencia al Ejército mexicano en tareas que deben ser de autoridades civiles, como mantener de forma indefinida la concesión del Tren Maya o trasladarles parte de los ingresos por turismo para que cuenten con ingresos constantes para el Tren Maya.

De igual forma impugnaron la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero, conocida como Financiera Rural, porque deja en el desamparo a los campesinos y se corre el riesgo como nación de generar problemas de abasto de alimentos.

Otro decreto impugnado fue el referente a las facultades a la Secretaría de la Función Pública para concentrar las compras de todo el gobierno, porque argumentan que el gobierno no puede ser juez y parte en los procesos de compra, entre otros puntos que les preocupan.

Y también presentaron acción de inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley de Ciencia, porque se trata de un cuerpo normativo que carece de criterios académicos, al grado que deja fuera de las decisiones científicas a las universidades, a pesar de que es en ellas donde se desarrolla el 80% de la ciencia, la investigación y la innovación del país, y además, se somete a criterios militares el diseño de la política científica.

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Pero no son los únicos decretos que fueron impugnados este año, pues a esos 12 se suma la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma legal que desapareció los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, así como otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Derechos, porque otorga a los militares la facultad de quedarse con los ingresos de la nación provenientes de la actividad turística, para trasladarlos al Tren Maya.

En el universo de los 105 decretos que no tuvieron problema alguno y cuyos tiempos de aplicación se ajustan a las disposiciones transitorias, hay decisiones que despertaron polémica, como la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex; así como otras que provocaron la molestia de sectores políticos masculinos, como la inhabilitación como candidatos a puestos de elección popular a deudores alimentarios y el reconocimiento de la llamada violencia vicaria.

NORMAS EN DUDA

Decreto que permite al Estado mexicano tener una línea aérea.
La extinción Instituto de Salud para el Bienestar por falta de precisiones.
Castigo de 15 años de cárcel por uso de precursores químicos por falta de rigor.
También todo lo referente al reforzamiento de la militarización del espacio aéreo.
La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero.