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La diputada, Anilú Ingram Vallines presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa que reformaría la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de crear el Registro de Agresores Sexuales, cuyo interés sería la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y contribuir a la erradicación de la violencia en contra de estos sectores sociales
En su propuesta, la legisladora prevé garantizar seguridad jurídica mediante una investigación oportuna de los delitos sexuales, puesto que, indica, debe ser considerada una medida de seguridad de prevención y protección de mujeres, niñas y adolescentes frente a los delitos de naturaleza sexual. Además, facilitaría la investigación e identificación, con fines de prevención, de autores sentenciados por delitos sexuales y con ello establecer acciones disuasivas que inhiban la comisión de estos actos.
De acuerdo con la iniciativa, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), impulsará la creación del Registro de Personas Agresoras Sexuales, como mecanismo efectivo de prevención y protección para los efectos de atender el factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia.
El Artículo 47 de dicha ley prevé establecer que el Registro es el sistema de información, de carácter no público, relativo a la identidad, penas y medidas de seguridad impuestas a las personas condenadas en sentencia firme emitida por un juez penal, por delito cometido contra la libertad o la seguridad sexuales, regulados por el Código Penal para el Estado.
Además, que la finalidad del Registro es la investigación y persecución de los delitos mencionados, con el objeto de proteger a las víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de Veracruz y otros estados, mediante la suscripción de los convenios correspondientes.
