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El gobierno de Veracruz no autorizó al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización del voto de las personas en prisión preventiva, mientras que Yucatán adujo que estaba imposibilitado material y técnicamente para enviar los datos de esta población.
A la vez, Coahuila, Jalisco y Zacatecas no han respondido nada sobre el número de integrantes de este grupo que tienen derecho a sufragar, se informó hoy en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE.
El voto en prisión se realizará de manera anticipada a la elección del 2 de junio y el objetivo es aplicarla en 218 de los 255 centros penitenciarios que operan en el país.
Con base en una primera verificación, el Registro Federal Electoral constató datos en el padrón de 59 mil 548 personas en esa circunstancia, a quienes el INE pretende entregar una invitación personalizada para que voten. Al momento se han entregado 20 mil 100 invitaciones.
Sin embargo, solo 23 de las 32 entidades federativas han firmado los convenios macro de colaboración con el INE, necesarios para llevar a cabo esta votación especial.
La secretaría de Seguridad de Veracruz consideró que “no era viable” la suscripción del convenio, por lo que consejeras electorales advirtieron que no puede haber una negativa tajante, porque se trata de un derecho ratificado esta semana por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Dos temas de mucha preocupación, que Veracruz simple y llanamente diga que no hay condiciones y diga que no va a firmar el convenio, siendo que esto es un mandato de la Sala Superior, es un derecho de las personas que están en prisión preventiva y que una autoridad simple y llanamente se niegue, sin ningún argumento, además, a firmar un convenio para garantizar este derecho, me parece muy muy grave”, dijo la consejera Carla Humphrey.
También pidió “agilizar los trámites” al interior del INE, y sobre todo que la dirección jurídica no quite el dedo del renglón.
La consejera Dania Ravel señaló que esta votación siempre trae consigo varios retos como la alta movilidad de esta población, pues su situación jurídica puede cambiar, ya sea porque fueron sentenciados – y quedan suspendidos sus derechos políticos- o porque obtengan la libertad.
Sin embargo, añadió, porque la labor del INE “depende mucho de lo que nos permitan hacer las autoridades penitenciarias” y de la información que proporcionen: número de personas en prisión y sus datos personales, así como las condiciones de infraestructura de los propios centros penitenciarios.
Recordó que tras la primera reunión con autoridades del sector, la información preliminar fue que en México hay 255 centros penitenciarios y una población de 78 mil 703 personas en prisión preventiva.
En ese contexto dijo que las respuestas de Veracruz y Yucatán parecen inadmisibles.
“Desde el punto de vista de los derechos humanos es muy preocupante esta resistencia (...) ello genera suspicacias de las condiciones en las que pudieran encontrarse las personas en prisión”, señaló.
Por otro lado, la respuesta de Yucatán significa también una negativa contundente, pues alega que no puede enviar los datos de las personas.
"Hay que ver la ruta jurídica para garantizar el derecho humano de las personas en prisión preventiva, quienes deberían poder ejercer sus derechos político electorales".
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