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Integrantes de colectivos de búsqueda acudieron al Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, para presentar un amparo contra diversas autoridades por presuntamente haber “rasurado” el padrón de personas desaparecidas.
De acuerdo con Olga Lidia Salazar, del colectivo “Buscando nos encontramos”, las autoridades no contemplan en dicho registro de personas desaparecidas a su hija Marión Ivette Sampayo Salazar, a quien se le perdió la pista en el municipio de Poza Rica, desde el 14 de enero de 2011.
La entrevistada consideró que pareciera no existir un registro real de las personas no localizadas, tanto en el estado de Veracruz como a nivel nacional. También mencionó que los datos de sus familiares fueron “borrados” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDN), sin que hayan sido encontrados.
Fue durante una conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mediados de diciembre de 2023, cuando se dieron a conocer datos del censo de personas desaparecidas, mismos que presuntamente están “alterados”.
“El amparo es porque borraron algunos datos de nuestros familiares desaparecidos en el Registro Nacional, propiamente en la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces o no aparecen los datos de nuestros desaparecidos o aparecen como confidencial y sabemos que para que haya una búsqueda no puede ser confidencial”, señaló.
El amparo fue promovido ante el Juzgado del Séptimo Circuito por cuatro casos similares, que integran el colectivo “Buscando nos encontramos”; sin embargo, se prevé que en próximos días sean tramitados más amparos por parte de otros grupos de familiares de desaparecidos.
“Yo creo que nada más en el estado de Veracruz son 40 mil desaparecidos y ni uno ha aparecido en estos días. El Gobierno dice que es para hacerles daño políticamente a ellos, el tema de la desaparición existe y va a persistir mientras las autoridades no pongan empeño”, enfatizó.
De acuerdo con su abogado Juan Carlos Fernández Zulueta, se señala a diversas autoridades y dependencias estatales por una presunta omisión en la integración del padrón correspondiente.
Los familiares de desaparecidos acudieron al Poder Judicial de la Federación, ubicado sobre el bulevar Rafael Guízar y Valencia, mejor conocido como Arco Sur, casi frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que señalan de omisa.
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