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El informe de expertas sobre la solicitud de alerta de violencia de género por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Veracruz que se presentó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), reveló graves fallas en las instituciones como la falta de un sistema de búsqueda, registros deficientes, maquillaje de cifras, trabas legales y omisiones en la investigación de los casos.
Un grupo de organizaciones civiles solicitó la alerta por un incremento en los casos de desaparición en 2019 y la Conavim entregó el pasado 7 de febrero al gobierno de Veracruz el informe sobre la problemática y le dio 15 días para responder - fecha que venció el 28 de febrero pasado-.
Según el reglamento, si transcurrido el plazo, la Conavim no recibe respuesta o recibe una respuesta negativa, la Secretaría de Gobernación emitirá la tercera alerta por violencia en el estado de Veracruz, en esta ocasión por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
En el informe entregado al gobernador Cuitláhuac García, un grupo de expertas académicas emitió nueve conclusiones sobre el tema y advirtieron una falta de coordinación entre las instituciones, protocolos de búsqueda que no se aplican y la falta de un diagnóstico sobre la gravedad de los casos.
“La falta de acceso a la justicia es notoria y preocupante y las autoridades no consideran con seriedad la problemática de desaparición como un problema grave que requiere de atención y participación de todos los órganos de gobierno para combatir esta problemática”, dice el informe que es público.
El grupo de expertas señaló que continúa vigente el discurso que reproduce estereotipos de género en el que se culpabiliza a las mujeres de su desaparición.
Según los datos del registro nacional de personas desaparecidas, hasta 2023, había 1 mil 492 mujeres desaparecidas .
Estos datos permitieron identificar que el rango de edad en el que se encuentra mayor incidencia de mujeres desaparecidas o no localizadas es el que abarca de 15 a 19 años.
“ Las víctimas indirectas manifiestan, que aun cuando no lo tienen documentado, parte de lo que han visto, suponen la existencia de un corredor importante de desaparición de mujeres con fines de trata sexual en Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, llevándolas hacia el estado de Tamaulipas, sumándose el corredor que hay en Coatzacoalcos, Minatitlán, Tabasco, Chiapas y hacia el Sur”, señala el informe.
La Comisión Estatal de Búsqueda reconoció que los casos a partir del 2019 crecen de “forma alarmante”.
El grupo de expertas realizó entrevistas a organizaciones civiles, instituciones de gobierno y víctimas indirectas para contrastar la información proporcionada. Derivado de esas visitas emitió decenas de observaciones y recomendaciones al gobierno de Cuitláhuac García y a la Fiscalía de Veracruz.
Por ejemplo, en el informe, el Instituto Veracruzano de las Mujeres señaló que las fiscalías especializadas no asumen su responsabilidad en cuanto a la búsqueda e investigación, “omitiendo el seguimiento adecuado a las investigaciones donde las personas son localizadas, con o sin vida, desactivando la ficha y cerrando la investigación”.
“ Por consiguiente, expresan que es evidente el interés político para que las cifras reales no sean conocidas, por lo que se maquillan informes y cifras de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas”, cuestionaron.
AVC Noticias revisó el informe donde el grupo de expertas y estas fueron algunas de las principales observaciones.
Hay mesas de paz, pero no se ponen de acuerdo
Entre las fallas graves, el grupo de expertas destacó la falta de coordinación entre las las autoridades de los órdenes de Gobierno, a pesar de que semanalmente se llevan a cabo mesas de paz y seguridad, “ es evidente esta falta de coordinación, toda vez que cada institución realiza diversas acciones de manera aislada por lo que los resultados esperados no se cumplen”.
Los protocolos no se aplican
También se detectó que el Protocolo Alba de búsqueda para mujeres desaparecidas en Veracruz no se está implementando de manera efectiva, por lo que no se activan los mecanismos de colaboración y reacción inmediata de las instituciones implicadas en la búsqueda y la investigación de los casos.
“ La relevancia de la cooperación tiene que ver con que las zonas de tránsito que no son grabadas, no son documentadas, no se generan mecanismos de colaboración entre autoridades ni entre ellas, ni con los colectivos de búsqueda”, advierten.
Fiscalía pone trabas legales y no investiga
La comisión estatal de búsqueda advirtió que es necesario el fortalecimiento institucional para eliminar las trabas legales y disminuir los tiempos de espera que suelen ser de 72 horas.
“También es necesario fortalecer la retroalimentación por parte de la FGE, puesto que los datos que comparten son insuficientes; no comparten quiénes son las personas encontradas, así como la temporalidad ni la identidad, lo que dificulta el trabajo e imposibilita unir a la línea del tiempo de desaparición para encontrar algún patrón. Es necesario resaltar que la CEBV considera que la búsqueda se acompaña de la investigación y que, al no contar con la información de las fiscalías, no se les ve como el brazo operativo que deberían ser”, dice una de las entrevistadas.
En las entrevistas realizadas durante la visita in situ , las expertas también identificaron que existe un déficit en el acceso a la justicia, existen fallas en las recepciones de denuncias, reportes, noticias o informes de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.
“En algunos casos, las familias de las mujeres desaparecidas han enfrentado dificultades al intentar presentar una denuncia formal debido a que el personal encargado de recibir las denuncias las discrimina y estigmatiza. En ocasiones las y los familiares de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se encargan de realizar las investigaciones correspondientes para poder encontrar a sus familiares, y cuando logran encontrar evidencias y solicitan la intervención de las autoridades competentes para que realicen lo que por ley están obligados a realizar, éstas no acuden”.
Víctimas localizadas con vida fueron víctimas de trata, pero no hay seguimiento : IVM
En el informe, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, menciona que existe gran deficiencia en el análisis de contexto y vinculación de los casos de la misma víctima, que hay un incremento de desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, pero ausencia en su registro.
“ En las ocasiones donde se les encuentra con vida, las mujeres en su mayoría son víctimas de delitos de explotación laboral dentro de organizaciones delictivas o de trata de personas. Dichos actos han generado que las familias o víctimas indirectas opten por presentar quejas ante la CEDH, buscando medidas de apoyo pues ya no creen en las autoridades, de manera que la ausencia de denuncias se debe a la poca confianza que tienen para llevar a cabo la búsqueda e investigación”, comentaron.
No hay registros oficiales de mujeres desaparecidas
También cuestionaron que existe una amplia diversidad de estadísticas sin coincidencias respecto al número de personas desaparecidas, “esto genera una gran desconfianza en la sociedad al grado de considerar las cifras no oficiales proporcionadas por medios de comunicación como confiables”, dicen las expertas.
El informe advierte que hay deficiencias en el registro de los casos, por la falta de una metodología adecuada para el reporte de manera desagregada de los datos y la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, el conjunto de estas falencias resulta en una enorme dificultad a la hora consolidar datos de calidad.
“ Se invita al estado a crear una estrategia urgente que garantice la transparencia y el acceso a la información respecto a los casos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada”, señala una de las recomendaciones.
La Fiscalía de Veracruz informó que de agosto del 2019 a septiembre del 2022, hay 121 carpetas de investigación abiertas y 94 personas detenidas.
Mientras que en el periodo comprendido entre 2012 a 2019 se judicializaron 168 carpetas y se detuvo a 117 responsables.
“Sin embargo este dato no se presenta desagregado en función del género y la edad de las víctimas y tampoco se menciona qué otros delitos asociados están siendo investigados”.
El grupo de trabajo señaló que la ausencia de un registro oficial consolidado de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en el estado representa un gran problema al generar un vacío de cifras en las estadísticas reales, “tampoco se cuenta con información desagregada que permita conocer patrones específicos que favorezcan la elaboración de estrategias y políticas públicas eficientes, integrales y trascendentales”,
Reparación de daño con serio déficit
También se advierte un serio déficit en el ámbito de la reparación integral del daño a las víctimas del delito de desaparición y demás delitos asociados. “Esto se debe, principalmente, a las falencias en el ámbito de la integración y la judicialización de las carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición, siendo particularmente llamativo en lo que respecta a la judicialización en los casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el Estado de Veracruz, lo que implica la casi total impunidad y, por consiguiente, la ausencia de sentencias reparatorias”.
El informe destaca que de los tres programas sobre desaparición solo dos cuentan con un subsidio económico considerable para llevarse a cabo.
Las propuestas del grupo de trabajo
Entre las propuestas de para abatir la situación que impera en Veracruz, el grupo de expertas recomendó al gobierno de Veracruz, una decena de puntos, entre los que destacan, difundir protocolos de búsqueda e investigación, garantizar que las denuncias, o reportes se realicen de forma inmediata y con enfoque de género, supervisar que se apliquen los protocolos, dotar de recursos suficientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) para realizar planes individualizados de reparación integral del daño en estos casos, entre otros.
El grupo de expertas que participó en el informe está integrado por: Sandra Angélica Soto Rodríguez, académica estatal por la Universidad de Xalapa, Rita Canto Vergara, académica nacional por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Marcela Dolores Guerra Osorno, académica estatal por la Universidad Veracruzana y Alejandra Maritza Cartagena, académica nacional por la Universidad Jesuita de Guadalajara
Hay que recordar que en mayo del 2019 la organización Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, A.C.; la organización Piensa, Actúa y Sorprende (PAS), A.C.; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., y la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C.;solicitaron la declaratoria,
Hay que recordar que Veracruz cuenta con dos alertas de violencia de género, una por feminicidio y otra por agravio comparado.
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