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El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, ambos ordenamientos del estado de Veracruz, para tipificar como delito la Violencia Ácida y sancionar con penas que irían de los ocho a los doce años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Estas reformas, aprobados con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, son el resultado del análisis realizado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género a dos iniciativas. La primera, presentada el 23 de marzo de 2023 por la diputada del grupo legislativo de Morena, Itzel López López, y la segunda, puesta a consideración del Pleno el 28 de julio de 2022 por la diputada Verónica Pulido Herrera, en coautoría con los legisladores Enrique Cambranis Torres, Jaime Enrique de la Garza Martínez y Miguel David Hermida Copado.
De acuerdo con las reformas aprobadas, se establece en la fracción X del Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que la Violencia Ácida es aquella que pretende causar un daño físico irreversible que lastime, altere o cause alguna discapacidad, mediante la acción de arrojar ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones en órganos internos, externos o en ambos.
En la fracción XXX del Artículo 19 de la misma Ley, en relación con las acciones de competencia estatal, se puntualiza que a través de la Secretaría de Salud se deberá llevar un registro y emitir a las autoridades competentes la información y estadísticas sobre las víctimas de violencia ácida, protegiendo en todo momento, sus datos personales.
Además, se incorpora al Código Penal el Capítulo III Bis denominado Lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas y en éste se dispone que a quien cometa este delito se le impondrán de ocho a doce años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor de la UMA.
Serán agravantes de la pena las siguientes circunstancias: cuando cause deformidad o daño permanente, entorpezca o debilite permanentemente una extremidad o cualquier otro órgano, en cuyo caso la pena aumentará en un tercio, y cuando la conducta delictiva cause deformidad en el rostro, pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar, cause alteración o daño en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, la pena se aumentará hasta en una mitad.
Cuando las lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas sean cometidas en contra de una mujer en razón de su género, la pena establecida en los artículos anteriores aumentará hasta en una mitad.
Serán consideradas lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas cometidas contra la mujer en razón de su género, cuando ocurra lo siguiente: si entre el sujeto activo y la víctima existe o existió una relación sentimental, sexual, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o de hecho. O que previo a la lesión infligida existan antecedentes de violencia contra las mujeres o delitos de género, se hayan cometido amenazas, acoso o cualquier tipo de violencia o acto de agresión en el ámbito familiar, laboral, docente o de hecho, ejercida por parte del sujeto activo contra la mujer.
Se considerará tentativa de feminicidio, cuando las lesiones cometidas contra la mujer provoquen resección parcial o total en las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atente contra el ejercicio de la autonomía sexual, cause alguna deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno o externo o en ambos, provoque daños en extremidades, entorpezca, debilite u ocasione la pérdida parcial o total del oído, vista, habla o incapacidad permanente para trabajar.
Las instituciones de Salud deberán notificar inmediatamente de que tengan conocimiento al Ministerio Público de todos los casos de lesiones provocadas por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.
En los delitos y las conductas señaladas, el Ministerio Público tiene la obligación de garantizar la reparación del daño integral, adecuada, eficaz, efectiva y proporcional a la gravedad del daño, así como decretar las medidas de protección necesarias para la víctima.
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Itzel López López puntualizó que en Veracruz se visibilizará la violencia ácida, replicando los alcances de la denominada Ley Malena y que, con estas adecuaciones legales, se establecerán sanciones privativas de libertad ejemplares y agravantes para quienes violenten a una mujer a través de esta modalidad.
Agregó que desde el Congreso se comparte el sentir de las mujeres que han vivido y están inmersa en cualquier expresión que se traduzca en violencia, “por supuesto que, de forma respetuosa, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que investiguen y sancionen, sin excepciones, todas las conductas que lastiman a las mujeres”.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Verónica Pulido Herrera dijo que estas reformas son un paso firme, toda vez que si está en la ley se puede denunciar y exigir a la autoridad correspondiente para que sancione al agresor, “ya no debe existir pretexto para que las mujeres accedan a su derecho humano a la justicia”.
En el debate en lo general participó la diputada Maribel Ramírez Topete.
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