Debido a que vecinos de la región de Boca del Río y Medellín de Bravo denunciaron múltiples irregularidades en la prestación del servicio de agua potable, incluyendo cortes frecuentes, tarifas excesivas y la contaminación de importantes ecosistemas, como manglares y arrecifes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 119/2024.
La investigación realizada por la CNDH reveló una “alarmante” contaminación de las aguas superficiales en la Zona Metropolitana de Veracruz, acompañada de una deficiente regulación y manejo de los servicios de agua potable, saneamiento y tratamiento.
Particularmente preocupante fue el daño constatado en los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), causado por descargas, tanto de origen urbano como industrial, de aguas residuales sin el tratamiento adecuado.
Asimismo, se identificaron serias fallas en la medición y monitoreo de caudales de agua, y una ineficaz respuesta a los Procedimientos Administrativos Ambientales iniciados por estas irregularidades.
Según la CNDH, el incumplimiento de las normativas ambientales, por parte de las autoridades locales, ha generado afectaciones directas tanto al medio ambiente como a la salud de la población.
Recomendación
Ante los hallazgos, la CNDH llamó a la Conagua y Profepa a que implementen un plan de remediación y prevención para controlar y mitigar la contaminación de los cuerpos de agua en la región.
Este incluye la realización de un inventario detallado de los puntos de descarga de aguas residuales en la zona costera para verificar su operación, con la instrucción de iniciar procedimientos administrativos donde se detecten irregularidades.
El gobierno de Veracruz deberá desarrollar un instrumento de gestión integral que incluya la participación de las autoridades federales y la sociedad civil, con el fin de atender los daños ambientales ocasionados.
A los ayuntamientos involucrados, se les instó a realizar campañas de concientización sobre la importancia del pago de los servicios de agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como a actualizar y regularizar el padrón de usuarios.
Otros casos
Esta no es la primera recomendación de este tipo que emite la CNDH. En 2022, emitió responsabilidad al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, así como a diversos titulares y miembros de secretarías federales, por los altos índices de contaminación del Río Santiago.
Durante la investigación se halló presencia de contaminación microbiológica a lo largo de todo el río, con niveles muy altos en ciertas zonas, donde se advierte la presencia de más de 1,000 sustancias tóxicas, productos químicos y la presencia de elementos como arsénico y plomo.
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