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Después de todas las movilizaciones que se han dado en el marco de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y luego de que la misma ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, participó, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ella está en su derecho de manifestarse, pero urge limpiar dicho poder.
En este tenor, el mandatario también aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todos aquellos que se oponen a esta resolutiva, pues mencionó que urge limpiar de corrupción a dicho sector.
Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a la reforma judicial, sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe que predomina la corrupción y que urge limpiarlo, en beneficio de todos”, externó.
Aunado a lo anterior, y a su estilo, el jefe de Estado reiteró nuevamente que el Poder Judicial está “podrido” por completo, pues recalcó que empresarios, banqueros, y hasta extranjeros han recibido algún beneficio, por lo que apuntó que hoy lo que se requiere es que haya legalidad y certeza en el país.
Además, en el marco de su conferencia mañanera, López Obrador precisó que los poderes Ejecutivo y Legislativo ya han sido reformados, y que solo falta el Poder Judicial, de quien reclamó que casi la mitad de sus trabajadores son familiares.
El Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma, nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 45 por ciento de los 40 mil trabajadores del PJ son familiares, es el nepotismo a todo lo que da”, expuso.
En este sentido, Piña informó sobre la publicación de dos propuestas en materia de justicia:
Una que expresa la visión de la Judicatura.
La otra pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.
Al respecto, la ministra presidenta aseguró que esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia.
