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Se está dando “carpetazo” a las denuncias de trabajadoras de la administración pública que aseguran ser víctimas de acoso, a pesar de las pruebas que han presentado ante las instancias competentes. Estas denuncias exponen que sus superiores las han calificado “de ser escorts” o han realizado comentarios sobre “sus duraznitos”.
Al respecto, las afectadas criticaron que durante el actual sexenio se implementó el “Protocolo de Atención a Víctimas de Acoso”, pero los directivos y colaboradores señalados de estas prácticas están siendo protegidos por la Fiscalía del Estado, por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) y por contralorías internas.
Concretamente, señalaron la situación que existe en el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), alertando que la Fiscalía “congeló” tres denuncias interpuestas por hechos ocurridos en el organismo en el que Hazael Flores Castro funge como gerente general. “A nivel administrativo han emitido acuerdos de archivo y, por su parte, la Fiscalía no investigó.
Sin embargo, ante Derechos Humanos siguen abiertas tres quejas de trabajadoras que están en curso y ya se les brindaron medidas de protección”, manifestaron. Recordaron que, además de Flores Castro, algunos de sus colaboradores cercanos también han sido denunciados por incurrir en acoso laboral, pero la política de “cero tolerancia al acoso” de Cuitláhuac García no se ha respetado.
“Se han conseguido medidas de protección, pero Hazael Flores ha dicho públicamente que todo está resuelto, que él está absuelto y que no hay delito que perseguir en su contra, algo que es mentira, pues al menos las quejas ante Derechos Humanos siguen su curso”, afirmó una de las afectadas.
Añadieron que las víctimas denunciaron hostigamiento sexual y acoso laboral; sin embargo, respecto al ámbito administrativo, el órgano interno de control ha emitido acuerdos de archivo, y los recursos que llegaron ante el TRIJAEV tuvieron el mismo destino. “Hazael siempre presume que en el Tribunal tiene a Diana Aróstegui Carballo.
Él sostiene que no va a pasar nada con estas denuncias porque ahí tienen a ‘Dianita’. Lamentamos que no se hayan implementado los mecanismos de protección”, comentaron.
“No han funcionado estos mecanismos y en INVIVIENDA se puede revisar y constatar fácilmente que en la dirección han incurrido en acoso laboral y despidos injustificados, principalmente de adultos mayores, quienes fueron discriminados al acusarlos de no ser productivos”, señalaron los propios trabajadores de INVIVIENDA forzados a renunciar, conscientes de que las instituciones permiten todos los abusos sin considerar la versión de los denunciantes o de las personas que acusan despidos injustificados.
“Nos han violentado nuestros derechos laborales. Durante los últimos seis años ha habido toda clase de abusos y situaciones de acoso. Por ejemplo, también hay cambios de adscripción sin cumplir con el procedimiento administrativo, despidos por cuestión de edad, así como acoso sexual y laboral”, explicaron.
Recordaron que INVIVIENDA asignó y destinó dos bienes inmuebles ubicados en la reserva territorial Duport Ostión de Coatzacoalcos a la Secretaría de Gobierno para la edificación de la “Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses” y el “Panteón Forense”, lo que les genera suspicacias sobre por qué no han procedido las investigaciones ante la Fiscalía del Estado, organismo que “congeló” dichas carpetas.
Víctimas alzan la voz una trabajadora afectada denunció que el 28 de diciembre de 2022 procedió ante la Fiscalía Séptima Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. La mujer, con iniciales M.B.S., procedió en contra de Hazael Flores Castro por los delitos de violencia de género, acoso y hostigamiento sexual, por lo que se inició la carpeta de investigación XAL/DXI/FEMUJ/F7/1758/2022, en la cual se documentaron hechos en la ciudad de Córdoba.
La Fiscalía Especializada desglosó actuaciones y realizó la remisión de constancias a dicho Distrito Judicial a fin de que se continúe integrando la investigación mediante la carpeta CRD/FDX La víctima también procedió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se abrió la queja con número DAV/0286/2023, misma que sigue su curso y por la cual se le otorgaron medidas de protección, destacando que otras dos compañeras también procedieron ante la Comisión.
“También se interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control de la Contraloría General del Estado, donde se abrió el expediente No. CGE/OICSedesol/INV/024/2023, y pese a las pruebas ofrecidas y la declaración de testigos, la titular, María del Carmen Castro Blásquez, emitió el ‘Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente de Investigación Administrativa’”, lamentó la afectada.
Agregó que, a pesar de esto, pueden comprobar que el director general de INVIVIENDA ha incurrido en acoso sexual y que se ha referido a una trabajadora con comentarios como que “se le marca su duraznito”, añadiendo que también señaló a otra trabajadora de ser “escort”, de lo que existen evidencias que podrían hacerse públicas de ser necesario. “No puede ser que en este caso un gerente se exprese de esa manera.
Hay evidencias de la forma en que se refiere a las trabajadoras, catalogando incluso a una compañera como 'escort' o diciendo que se le marca su durazno. Hay situaciones que se pueden comprobar”, aseveró.
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