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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tendrá un poder inédito, pues su titular será por primera vez el responsable de auxiliar a la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional, que hasta ahora fue un área exclusiva de los militares.
Además, coordinará el trabajo de las fuerzas federales, como Ejército, Marina y Guardia Nacional, con fuerzas locales, como policías estatales y municipales en materia de inteligencia contra el crimen y será la persona responsable de ordenar una segunda auditoría a los fondos federales que se entreguen a gobernadores y alcaldes para la atención de la seguridad pública.
Establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, que ya existen, “serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema a través de su Secretariado Ejecutivo”. Actualmente, esos fondos ya son auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) distribuyó este año un total de nueve mil 201 millones 670 mil 196 pesos. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejerce distribuye en este año 116 mil 967 millones 47 mil 652 pesos y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública tuvo una bolsa concursable de 64 millones 818 mil 178 pesos.
Dado que se trata de dinero de la Federación, la ASF se encarga de verificar el uso que se hace en los estados y municipios de todo el dinero que se les entrega por medio de estos Fondos, pero ahora también lo hará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La reforma constitucional precisa también que “la secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona Presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.
Hasta el momento, la Seguridad Nacional es un tema que trata de manera directa la Presidencia de la República con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina y ahora el titular de Seguridad y Protección Ciudadana será quien represente a la persona titular del Ejecutivo federal ante las instituciones militares para el tema de seguridad nacional.
De igual manera, la reforma dispone que a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública, en los términos que señale la ley y podrá coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley.
Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”, dice la reforma constitucional que este lunes aprobarán las comisiones unidas del Senado y que esta misma semana avalará el pleno del Senado.
El dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Primera, todas presididas por morenistas, dice que “uno de los ineludibles beneficios que traerá la reforma y adición en los términos planteados en este dictamen será invariablemente el aprovechamiento de los recursos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la investigación de los delitos”.
Añade que el papel de la Secretaría será fundamental “en el esclarecimiento de los hechos delictivos, dado que la posibilidad de participar activamente en este sentido posibilitará que la recopilación y análisis de información que la Secretaría obtenga mediante el uso de las herramientas tecnológicas y de inteligencia, se pueda proporcionar a la representación social.
Y con ello se prevé que se aumente su tasa de efectividad y eficiencia en la judicialización de las carpetas de investigación, y en su caso en la obtención de sentencias condenatorias, garantizando un enfoque unificado en la persecución de delitos y las labores de prevención del crimen”.
Destaca que “en cuanto a la transparencia en el uso de los recursos, se introduce al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en las labores del control y vigilancia de los fondos federales de ayuda para la seguridad pública, que reciben la Federación, los Estados y los Municipios, asegurando una administración eficiente y transparente de los recursos destinados a las tareas de seguridad pública”.
El dictamen de las comisiones dice que “subrayamos la utilización de inteligencia, datos estratégicos y tecnología de punta para fortalecer la prevención e investigación de delitos, lo que permitirá sin duda, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actúe como articulador central en la recopilación, análisis y diseminación de información relevante para anticipar amenazas y optimizar las operaciones de seguridad, con una base de datos sólida y herramientas de análisis avanzadas, así podrá enfocar sus esfuerzos en áreas de alto riesgo y en actores clave, optimizando la distribución de recursos y reduciendo gastos innecesarios”.
