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El secretario General de Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano – SIMVE, General de Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano – SIMVE, Gerardo Velásquez Maravert, denunció ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que a sus Compañeros trabajadores del Programa Vasconcelos le negaron el acceso a su centro de trabajo desde el 7 de enero del presente año.
Ante tal atropello a sus derechos humanos, laborales y fundamentales, di acompañamiento a los compañeros afectados para presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la intención que se emitan las medidas cautelares por posibles violaciones a derechos humanos y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación de Veracruz, se le solicitó el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos involucrados.
Dijo que desde que tuvo conocimiento de esta situación, busco dialogar de manera institucional y respetuosa el diálogo con la Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinoza, y a través del propio Coordinador de Asesores que en su momento era el José Martin Rivera Martínez, quien dejó el tema en el aire por su salida estrepitosa de la SEV, “posteriormente busqué diálogo con Juan Dario Lemarroy Martínez quien sólo ha pateado el bote y no se ha resuelto nada. He sido prudente y respetuoso de los tiempos; sin embargo, hay algo que no puedo, ni voy a minimizar: el nivel de afectación que hoy están viviendo estos trabajadores”.
Aquí hay un punto clave que se tiene que decir con toda claridad: los compañeros se han desempeñado en sus cargos, incluso por más de veinte años, No son trabajadores de confianza están en pleno derecho de demandar el reconocimiento de su antigüedad y sus prestaciones. Eso no es una falta, no es una irregularidad; eso es ejercer un derecho legítimo.
Y más aún, no podemos seguir sosteniendo narrativas que no resisten un análisis legal serio. “La propia ley establece que los trabajadores de confianza son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización en representación del patrón. Es decir, su función es cuidar los intereses de la institución, no desempeñar funciones operativas permanentes durante más de 15 años como ocurre en este caso”.
Un trabajador de confianza no puede ser una figura eterna ni se le puede seguir “contratando” bajo ese esquema con la finalidad de evadir responsabilidades laborales del Estado. Sin olvidar que los compañeros han sido presuntamente objeto de discriminación, obteniendo menos salario, menos prestaciones y menos derechos, además de tratos que presumiblemente tipifican varios delitos, tales como: Mobbing laboral, abuso de poder y discriminación de parte de la Doctora Adriana Velásquez Flores, coordinadora del Programa Vasconcelos.
Mobbing laboral: es el ejercicio de poder, hostigamiento o conductas sistemáticas que dañan la integridad, salud o dignidad del trabajador. Eso, además de irregular, es profundamente injusto y puede constituir una forma de discriminación laboral estructural, quebrantando las políticas públicas de esta administración. Ignoro si esta situación es del conocimiento de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz,
Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en el Programa Vasconcelos no es un caso aislado; es la evidencia de una práctica que se ha venido normalizando dentro de la administración pública: mantener trabajadores durante años en condiciones precarias para evitar reconocerles derechos. Esto no solo debe revisarse, debe corregirse de fondo. Porque cuando el propio Estado permite estas prácticas, deja de ser garante de derechos y se convierte en quien los vulnera.
