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El coordinador del Partido del Trabajo Vicente Aguilar, pidió a los actores políticos que aspiran a un cargo de elección popular respeten la normativa electoral. Recordó que el consejero electoral Gandhi Olmos García, presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE), informó que ha recibido 37 escritos relacionados con posibles infracciones a la legislación electoral.
Nueve de estos casos están vinculados con presuntos actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y posibles violaciones a los principios de imparcialidad y neutralidad. Entre los señalados de violar la norma se encuentran diputados, senadores y servidores públicos del Gobierno del Estado. Sin embargo, aclaró que la sola presentación de una denuncia no implica la existencia de una falta, toda vez que, actualmente los expedientes se encuentran en etapa de integración.
Dijo que, concluido este proceso, los asuntos serán remitidos al Tribunal Electoral de Veracruz, según sea el caso al INE o al OPLE.
En otro tema, ante la tensión por los recientes operativos al transporte, en el Partido del Trabajo (PT) "reconocemos que la compañera gobernadora, Rocío Nahle García optó por el diálogo en lugar de la represión. Sostenemos que el gobierno no debe confrontar a los trabajadores, tanto los taxistas como quienes labora en plataformas digitales son parte de la misma clase trabajadora que busca el sustento diario".
Regulación clara y certeza jurídica para taxistas
Luego de que la dirigencia estatal del Movimiento Nacional Transportista, exigió concretarse una regulación, los conductores que prestan el servicio de transporte mediante plataformas digitales deben estar sujetos a las mismas obligaciones legales, fiscales y administrativas que los taxistas concesionados, la organización no se opone a la regulación de las plataformas digitales, sino a que actualmente operen sin cumplir los mismos requisitos que los transportistas que cuentan con una concesión otorgada por el Estado.
El coordinador del PT, dijo que es un error pretender resolver realidades modernas con reglamentos caducos; "bajo ninguna circunstancia se debe criminalizar el trabajo honrado. El Estado debe ser facilitador y no un obstáculo para la gente que busca salir adelante. Pedimos una regulación clara que garantice piso parejo y certeza jurídica para todos, toda vez que, la verdadera justicia social nos obliga a proteger al trabajador".
Por otra parte, ante las graves denuncias sobre las carencias en el Hospital Infantil de Veracruz, "reconocemos la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para auditar a quienes gestionan esta institución. Sostenemos que la salud, especialmente la de nuestros niños, es un derecho humano inalienable que no admite negligencias ni excusas burocráticas; resulta inadmisible que la falta de insumos o el descuido de la infraestructura pongan en riesgo la vida de los pacientes".
La administración pública, dijo, exige resultados, sensibilidad y una capacidad de mando que hasta hoy ha fallado. "Exigimos una revisión exhaustiva que deslinde responsabilidades de inmediato y garantice un servicio digno".
Inaceptable que ayuntamiento de Veracruz absorba cartera vencida del Grupo MAS
Vicente Aguilar consideró como un despropósito lo que pretende la concesionaria Grupo MAS al exigir que el Ayuntamiento de Veracruz absorba una supuesta cartera vencida de 2,600 millones de pesos. "Sostenemos que resulta inaceptable la perversa lógica de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas; la hacienda municipal, independientemente de la administración en turno, no debe someterse al chantaje corporativo ni fungir como fondo de rescate ante la inoperancia de una trasnacional.
Puesto que los recursos públicos son intocables y pertenecen a la ciudadanía. Corresponde a las instancias fiscalizadoras frenar este amago de despojo; la verdadera justicia social exige que el erario sirva al bienestar del pueblo y nunca a los privilegios de unos cuantos".
