La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rosalba Hernández, Hernández aseguró que no se ha negado a ser evaluada, ya que se trata de un proceso con el que se analizan los resultados de los funcionarios judiciales. Entrevistada, en el Congreso de Veracruz, la magistrada justificó el amparo que presentó contra las bases de evaluación de las personas juzgadoras, que limitaría su evaluación como integrante del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Explicó que debido a su cargo como presidenta del Poder Judicial se encuentra suspendida de sus funciones jurisdiccionales, por lo que el procedimiento está diseñado para evaluar precisamente esa actividad. Así mismo, detalló que su inconformidad no está relacionada con una negativa a someterse a evaluaciones, sino con los criterios establecidos para calificar a quienes integran el Poder Judicial, ya que en su caso no corresponden a las funciones que desempeña actualmente.
La magistrada explicó que, al asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, quedó suspendida de sus funciones jurisdiccionales por disposición constitucional. Por lo anterior, consideró que existe una diferencia entre las actividades que realiza actualmente y los aspectos que contempla la evaluación. “Al ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia, (estoy) suspendida de mis funciones jurisdiccionales por disposición constitucional, y la encuesta está enfocada justo a evaluar la función jurisdiccional que no estoy desarrollando en ese momento”, comentó.
La magistrada aseveró que no se opone a los mecanismos de evaluación, pues a lo largo de su trayectoria profesional ha participado en distintos concursos de oposición y exámenes para ocupar cargos académicos y judiciales. “Yo siempre he realizado exámenes de oposición”, manifestó.
Como ejemplo de las evaluaciones a las que se ha sometido, mencionó que para ingresar como profesora a la Universidad Veracruzana presentó un concurso de oposición, además de haber participado en procesos para desempeñarse como proyectista y en evaluaciones relacionadas con el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral. También aseguró que se sometió a la evaluación cuando se establecieron los comités correspondientes, aun cuando ya era magistrada.
La presidenta del TSJE reconoció que la evaluación de las personas juzgadoras tiene como finalidad mejorar la función judicial y que, cuando una persona no obtiene un resultado de idoneidad, se contempla que reciba capacitación, “la evaluación tiene una finalidad legítima, que es mejorar la función judicial”, expuso-
Sobre los criterios y las preguntas que integran el procedimiento, indicó que existe un órgano técnico y autónomo encargado de realizar las evaluaciones, por lo que dijo no contar con elementos para afirmar quién elaboró los instrumentos o bajo qué criterios específicos se diseñaron.
Proceso de evaluación.
El pasado 21 de octubre el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial anunció la evaluación ordinaria para analizar el desempeño de la magistrada presidenta. Esta evaluación fue dada a conocer mediante el aviso TDJV/OEDJ/310/2026, firmado por Jorge Sebastián Martínez Ladrón de Guevara, titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.
De acuerdo con el documento, el objetivo de la evaluación es verificar el desempeño judicial de Rosalba Hernández Hernández, los cuales han sido aplicados conforme a los criterios y métodos de evaluación generados por el citado Tribunal.
Como parte de la evaluación las personas servidoras públicas del Poder Judicial, así como a abogados, litigantes, postulantes y personas usuarias del sistema judicial podrán acceder al Código QR que se publicita en la página oficial, donde encontrarán una encuesta de satisfacción referente a la persona servidora pública evaluada. La encuesta puede llenarse de forma anónima, pero también está la opción voluntaria de llenar la encuesta con datos personales, y para ello, se puede consultar el aviso de privacidad relativo a su tratamiento y transferencia.
Ante esta evaluación, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal de Disciplina Judicial con el que busca la nulidad e invalidez del procedimiento de evaluación de su desempeño, el cual inició la semana pasada.
Derivado de esta encuesta, la magistrada presidenta presentó el documento de impugnación señalando que esta evaluación no corresponde a las funciones que desempeña como presidenta.
Además, mencionó que no integra una sala y sus labores se concentran en tareas de dirección y representación, por lo que cuestiona la aplicación de los parámetros utilizados para evaluar a magistrados que participan directamente en la resolución de juicios.
De la misma forma, rechazó los plazos establecidos y la competencia de la autoridad encargada de llevar a cabo la evaluación. El recurso busca que el procedimiento quede sin efecto, por lo que la impugnación deberá resolverse conforme a las disposiciones aplicables y a los argumentos presentados por la magistrada presidenta. obre el proceso de evaluación
El pasado 21 de octubre el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial anunció la evaluación ordinaria para analizar el desempeño de la magistrada presidenta. Esta evaluación fue dada a conocer mediante el aviso TDJV/OEDJ/310/2026, firmado por Jorge Sebastián Martínez Ladrón de Guevara, titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.
De acuerdo con el documento, el objetivo de la evaluación es verificar el desempeño judicial de Rosalba Hernández Hernández, los cuales han sido aplicados conforme a los criterios y métodos de evaluación generados por el citado Tribunal. Como parte de la evaluación las personas servidoras públicas del Poder Judicial, así como a abogados, litigantes, postulantes y personas usuarias del sistema judicial podrán acceder al Código QR que se publicita en la página oficial, donde encontrarán una encuesta de satisfacción referente a la persona servidora pública evaluada.
La encuesta puede llenarse de forma anónima, pero también está la opción voluntaria de llenar la encuesta con datos personales, y para ello, se puede consultar el aviso de privacidad relativo a su tratamiento y transferencia. Ante esta evaluación, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal de Disciplina Judicial con el que busca la nulidad e invalidez del procedimiento de evaluación de su desempeño, el cual inició la semana pasada.
Derivado de esta encuesta, la magistrada presidenta presentó el documento de impugnación señalando que esta evaluación no corresponde a las funciones que desempeña como presidenta. Además, mencionó que no integra una sala y sus labores se concentran en tareas de dirección y representación, por lo que cuestiona la aplicación de los parámetros utilizados para evaluar a magistrados que participan directamente en la resolución de juicios.
De la misma forma, rechazó los plazos establecidos y la competencia de la autoridad encargada de llevar a cabo la evaluación. El recurso busca que el procedimiento quede sin efecto, por lo que la impugnación deberá resolverse conforme a las disposiciones aplicables y a los argumentos presentados por la magistrada presidenta.
¿Quién es la magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández presidenta TSJE?
Rosalba Hernández Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Desarrollo Regional por El Colegio de Veracruz y doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla. Además, cuenta con especialidades en materia de derechos humanos, las mujeres y de defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
En junio de 2025 fue electa magistrada en el primer proceso electoral judicial que se desarrolló en Veracruz. Antes de ser presidenta del Poder Judicial era magistrada de la Sala Sexta. Su periodo como presidenta concluye en septiembre de 2027, por lo que deberá ser suplida por una persona magistrada que sea electa por el Órgano de Administración Judicial hasta 2028, año en que nuevamente se realicen las elecciones de cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial, proceso con el que se elegirá a la nueva presidencia.