Revelan fallas contra tráfico de armas en EU

Un nuevo caso de negligencia en las agencias de seguridad de Estados Unidos, que incluye el tráfico de armas hacia México, ha sido revelado por el Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés), que junto con la cadena CBS destapó el operativo Rápido y furioso.

El incidente, ocurrido a principios de 2010, involucra al regidor de la comunidad de Columbus, Nuevo México, quien a principios de este mes fue detenido en Estados Unidos, acusado de formar parte de una red de contrabandistas de armas que surtía a los cárteles mexicanos de la droga.

El 14 de enero del año pasado, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a dos hombres que conducían un vehículo en la ciudad fronteriza de Columbus. Dentro de la unidad encontraron un cargamento que incluía rifles de asalto AK-47, pistolas Ruger calibre .45 y otras 5.7 por 28mm, tan poderosas que pueden atravesar blindajes.

Los oficiales cotejaron los números de serie de las armas en una base de datos a nivel nacional y ninguna de las ocho armas apareció boletinada, por lo que los agentes los dejaron ir.

Esos hombres eran Blas Gutiérrez y Miguel Carrillo, el primero regidor de Columbus que hace unas semanas fue detenido bajo cargos de contrabando de armas hacía México, en una operación donde también se aseguró al alcalde de la ciudad y al jefe de la Policía.

Cuando ocurrió el incidente de enero, los agentes de la Patrulla Fronteriza desconocían que seis de las armas que llevaban consigo Gutiérrez y Carrillo habían sido compradas por prestanombres que eran vigilados por la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), como parte del operativo Rápido y furioso, que durante 15 meses toleró la entrada de casi 2 mil armas a México, con el objetivo de desmantelar la cadena de tráfico de armamento del crimen organizado.

Las armas salieron “limpias” porque la ATF no las había boletinado aún en la base de datos nacional, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no le avisó a su agencia hermana (la ATF) de la revisión que sus agentes hicieron, sino después de cinco meses.

Una de las pistolas Ruger que estaban en ese vehículo apareció después en la escena de una asesinato en la zona fronteriza Puerto Palomas, México, el 8 de febrero de este año, de acuerdo con registros de la Corte y el testimonio del abogado de uno de los acusados por el homicidio, reveló el CPI.

El episodio —corroborado por el Centro para la Integridad Pública a través de entrevistas, memorándums internos de las agencias y registros de una Corte— pone al descubierto graves lagunas en los esfuerzos del gobierno de Barack Obama contra el crimen organizado, y evidencia lo peligroso de las estrategias empleadas por las agencias de seguridad estadounidenses para detener el tráfico de armas hacia México.

“Las agencias de primer nivel en Estados Unidos no siempre están coordinadas y con frecuencia se sienten impotentes para arrestar sospechosos de contrabandear armas, debido a la falta de leyes más fuertes”, destaca el documento del CPI.

Los costos

Como consecuencia de esa negligencia, miles de armas empleadas para Rápido y furioso terminaron en manos de cárteles mexicanos y una de ellas se utilizó para asesinar a una agente de la Patrulla Fronteriza.

Voceros de la Patrulla Fronteriza se negaron a hablar sobre el incidente de enero de 2010 con el Centro para la Integridad Pública, pero corroboraron que sus agentes no pueden arrestar a nadie bajo cargos de traficar armas hacia México, sino hasta que hayan entrado en una de las rampas del cruce fronterizo. En el caso de Blas Gutiérrez y Miguel Carrillo, aún se encontraban a algunos kilómetros de este punto cuando fueron detenidos.

En las actas sobre el caso, cita el CPI, se dejaron fuera los detalles que lo conectaban directamente con la operación Rápido y furioso, y ni siquiera se menciona que los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un vehículo lleno de armas. En cambio, sólo se menciona que los sospechosos (Gutiérrez y Carrillo) habían sido observados con armas el 14 de enero de 2010.

Cómo inició todo

Documentos en poder del CPI revelan que el 9 de enero de 2010 Jaime Ávila Jr., de 23 años, entró presuntamente a una tienda de nombre Lone Wolf Trading, en Glendale, Arizona, donde compró tres pistolas FN 5.7.

Como la ley lo requiere, la tienda reportó la venta de esas armas a la ATF, y el 11 de enero fueron introducidas a una base de datos para “rastrear armas”. Tres días después, los documentos muestran que el agente de la ATF encargado del proceso introdujo los número de serie de las armas en una base de datos distinta para “armas sospechosas”, que está ligada a las del Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos, al que todas las agencias de ese país tienen acceso.

Este procedimiento notifica a todas la agencias de procuración de justicia que deben contactar a la ATF en caso de sus agentes encuentren una de estas armas. Por lo general, los oficiales llaman a un similar de la ATF desde el lugar de los hechos y siguen sus indicaciones.

Cuando se dio la detención de los dos sospechosos, las armas boletinadas aún no aparecían en la base de datos que los agentes revisaron, y estos no llamaron a la ATF para corroborar que las armas fueran legales.

El senador Charles Grassley, el republicano de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara Alta, exigió ayer a la Patrulla Fronteriza que rinda un informe sobre el operativo en el cual agentes de esta corporación dejaron pasar las armas de grueso calibre a México.

“El presidente (Obama) ha dicho que un grave error podría haberse cometido. Y si es así, alguien tiene que rendir cuentas. Conforme pasan los días, resulta claro que serios errores se cometieron. Ahora ha llegado el tiempo de rendir cuentas”, dijo Grassley en un comunicado emitido ayer por su oficina.

En una carta dirigida al zar de la frontera, Alan Bersin, Grassley hace referencia a los casos de Blas Gutiérrez y Miguel Carrillo, ambos implicados en la red ilegal de tráfico de armas, del que también formaba parte el alcalde de la comunidad fronteriza de Columbus, Nuevo México, Eddie Espinoza.

“Ya basta de que ésta administración permanezca impasible y sin contestar a cada pregunta, diciendo que la oficina del inspector general está investigando”, dijo Grassley. (Con información de Jaime Hernández, Corresponsal)