Washington aprobó el tráfico de armamento

En la embajada de Estados Unidos en México conocían desde 2010 sobre el desarrollo de la operación Rápido y furioso, y la orden directa que recibieron desde Washington fue la de no informar a las autoridades de nuestro país que se estaba tolerando el paso de miles de armas.

Darren Gil, entonces jefe de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México y que despachaba desde la sede diplomática de Paseo de la Reforma, aseguró a la cadena CBS que fue su supervisor directo en Washington quien le hizo saber de una operación que implicaba el tráfico vigilado de armamento.

La indicación que le dio fue la de no mencionar nada a sus homólogos mexicanos, esto, pese a su manifiesta reticencia y a constantes señalamientos sobre el peligro que esa estrategia representaba para los oficiales de la ATF en México, así como para las mismas autoridades nacionales.

Como oficial de mayor rango en las oficinas de la ATF en México, Gil señala que su trabajo era aprobar cualquier operación de la agencia en la que se involucrara a México y él nunca avaló la implementación de Rápido y furioso.

Gil dijo a la CBS que detectó las primeras anomalías desde su oficina en la embajada de México a principios de 2010, cuando los números de serie de una gran cantidad de armas usadas en crímenes ligados con los cárteles de la droga fueron rastreados hasta Phoenix, donde comenzó la operación Rápido y Furioso.

Con esa evidencia en mano confrontó varias veces a su supervisor en Washington. Algunas de sus conversaciones telefónicas con él, refirió, terminaron en “gritos y regaños”.

Tras recibir la instrucción de no informar a las autoridades mexicanas sobre el paso deliberado de armas, cuestionó a su superior: “¿Cuándo va a terminar este caso? Los mexicanos se pondrán rabiosos cuando se enteren de esto”.

“En algún momento, estas armas van a terminar siendo usadas para matar a algún funcionario mexicano, a un policía o a militares y entonces, ¿qué vamos a hacer?”.

Del otro lado del teléfono sólo había silencio, asegura.

Funcionarios mexicanos de primer nivel en seguridad han dicho que ninguna dependencia nacional fue informada del plan, pese a que documentos del propio Departamento de Justicia de EU señalan que la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un representante en la Oficina de la ATF en Phoenix, donde arrancó la operación .

En diciembre de 2010 Gil se retiró de la ATF, en parte por su negativa a participar en la estrategia que permitió la entrada de unas dos mil armas a México. Al igual que Gil, antes los agentes John Dodson y René Jáquez denunciaron a la CBS las irregularidades.

El ex jefe de la agencia en México accedió a hablar con la cadena estadounidense para dejar en claro que el plan fue aprobado desde los más altos niveles en Washington.

Una visita, dos agendas

Sin señalar si más funcionarios dentro de la Embajada de Estados Unidos sabían de la operación, Gil subrayó que su superior en Washington le dijo que tanto el actual director general de la agencia, Kenneth Melson, como otros funcionarios del más alto nivel del Departamento de Justicia que comanda el fiscal general Eric Holder, ya estaban enterados.

Melson, junto con Lanny Breuer, asistente del fiscal general para la División Criminal del Departamento de Justicia, realizaron durante la segunda mitad de 2010 una visita a la ciudad de México en la que ambos destacaron los alcances de Rápido y furioso ante personal de la ATF comisionado en el país, según narró Gil.

Breuer dijo que se realizaba un “gran operativo” contra el tráfico de armas que “estaba dando buenos resultados”. Melson, al ser cuestionado por Gil y algunos miembros de su primer equipo sobre algunas armas que estaban apareciendo en México, se limitó a decir “es un buen caso, aún está en marcha y lo cerraremos tan pronto como podamos”.

Los dos funcionarios, cumpliendo con la otra parte de su agenda —la visible para el lado mexicano— sostuvieron durante esa misma visita reuniones con autoridades de procuración de justicia de primer nivel en el país. El contenido de los encuentros contrastó en gran medida con el primero con personal estadounidense en la oficina de la Embajada, según se comprueba en cables de WikiLeaks, coberturas periodísticas de EL UNIVERSAL y lo relatado por el ex agente Darren Gil a la CBS.

El despacho 09MEXICO28 82 filtrado por WikiLeaks da cuenta de una reunión que sostuvo Lanny Breuer y representante del DOJ con el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Jorge Tello Peón; el ex subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez; y la titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales.

Breuer mostró una total aceptación a los pedidos de sus homólogos mexicanos, que incluyeron un mayor intercambio de tecnología para labores de inteligencia y capacitación directa de Estados Unidos a los oficiales nacionales.

En otra reunión que esta casa editorial reporto a principios de octubre, Breuer firmó con el procurador Arturo Chávez un memorando de entendimiento mediante el cual se hizo entrega a México de 2.9 millones de dólares en equipo para el combate al lavado de dinero.

Kenneth Melson, de la ATF, no se quedó atrás en el cumplimiento de su doble agenda. Mientras se vanagloriaba ante sus agentes comisionados en México del operativo Rápido y Furioso, suscribía a la vez un acuerdo con la PGR para facilitarle a la administración del presidente Felipe Calderón la tecnología del sistema E-Trace para rastrear las armas que utiliza el crimen organizado.

Durante ese encuentro, Melson calificó como histórica la alianza con la Procuraduría General de la República para el rastreo de armas en tiempo real a través del sistema E-Trace, ya que “este acuerdo salvará innumerables vidas y mandará a muchos traficantes a prisión”, pues permitirá obtener pistas sobre estas redes que operan en ambos países y establecer tendencias y patrones de tráfico de arsenales.

Paradójicamente, los funcionarios estadounidenses “apoyaban” a sus iguales mexicanos con tecnología para rastrear las armas que ellos mismos dejaban pasar a territorio nacional de manera ilegal.