Pone legalización en jaque a Obama

Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia estadounidense consideran la posibilidad de entablar acciones legales en contra de los estados de Colorado y Washington, que podrían socavar las iniciativas, aprobadas por los electores, de legalización del consumo recreativo de mariguana en estas entidades, informaron varias personas allegadas a las deliberaciones.

Pero al hacerlo, el Presidente Barack Obama podría enfurecer a gran parte del electorado liberal.

Mientras los partidarios de la legalización de la mariguana celebran su victoria en los dos estados, la Administración Obama ha sostenido juntas de alto nivel desde la elección del 6 de noviembre, fecha en la que fueron aprobadas las iniciativas, para debatir la respuesta de las agencias federales que imparten la ley a los esfuerzos de despenalización.

El consumo de mariguana sigue siendo ilegal en ambas entidades en virtud de la Ley de Sustancias Controladas, una norma federal. Una de las opciones consiste en demandar a los Estados aduciendo que cualquier esfuerzo por regular la mariguana es una prerrogativa de las leyes federales.

Preocupados por la perspectiva de que consumidores de mariguana de ambos estados se acostumbren a desacatar abiertamente la ley federal, algunos funcionarios de impartición de la ley abogarían por una reacción drástica.

Pero semejante respuesta suscitaría complicaciones políticas para el Presidente Obama porque la legalización de la mariguana es popular entre los demócratas liberales que se movilizaron para reelegirlo.

"Es un asunto delicado para Obama", confirmó Bruce Buchanan, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Texas, en Austin, quien agregó que toda iniciativa agresiva en un tema de tan alto perfil sería interpretada como una bofetada a su base justo después de que le dieron una oportunidad de llevar a cabo sus sueños presidenciales.

Los funcionarios federales se expresaron de forma anónima porque no estaban autorizados a discutir el asunto.

Varios de ellos advirtieron que el tema había suscitado consideraciones legales y política complejas, entre ellas las prioridades de impartición, la estrategia de litigación, así como el impacto de los tratados antidrogas internacionales, que permanecen sin resolver, y que no había decisión inminente al respecto.