El de El Chapo, un “narcoholding”

Transformó un grupo criminal en un auténtico holding, una multinacional con tentáculos en casi toda Latinoamérica. Sus emisarios, los emisarios del Cártel de Sinaloa, son auténticos gerentes de sus “franquicias”: Es El Chapo Guzmán, un delincuente que ya le quedó grande al Estado mexicano.

De acuerdo con una amplia investigación, cuyos resultados adelanta el politólogo de la Universidad Nacional (UN) de Colombia Pablo Ignacio Reyes Beltrán, en varias regiones de este país –con fuerte presencia del narcotráfico– se habla del sinaloense con admiración y temor.

“Todos los narcotraficantes colombianos quieren tener tratos con él. Lo buscan, le proponen negocios. En estos momentos El Chapo es el narcotraficante número uno. Sus socios de aquí dicen que en México es el dios de dioses y que el Cártel de Sinaloa es lo más fuerte que hay”, indica el también catedrático y especialista en relaciones socioculturales mafiosas, del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política, Instituciones y Globalización de la UN.

Adelanta a Proceso que en el estudio del grupo sobre los paralelismos entre los fenómenos mafiosos en Colombia y México, cuyos resultados serán divulgados este año, se establece que Guzmán Loera es mucho más que el jefe de un cártel de la droga:

“Es un empresario mafioso que transformó al Cártel de Sinaloa en un grupo empresarial o holding, como McDonald’s, con sucursales y franquicias en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Tiene gente por todas partes; son los gerentes de su empresa. Él proporciona la logística, la protección, la red de complicidades y las condiciones para que se trafiquen las drogas. Eso fue en su momento Pablo Escobar Gaviria (el fallecido jefe del Cártel de Medellín), pero el mexicano lo hace a una escala hemisférica.”

Menciona que los organismos de seguridad colombianos detectaron la creciente presencia de enviados de El Chapo en las zonas donde operan Los Rastrojos y Los Urabeños, bandas criminales formadas por los remanentes de los grupos paramilitares que se han apropiado del negocio del narcotráfico en este país.

Según informes de la inteligencia colombiana, los emisarios del capo mexicano, incluido un presunto sobrino suyo, estrecharon sus contactos con sus proveedores locales de cocaína porque éstos pretenden entrar al negocio de las drogas sintéticas y requieren la protección y la logística del Cártel de Sinaloa.

En Perú, la Cuarta Fiscalía Contra el Crimen Organizado mantiene abierta una investigación sobre la presencia del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza de ese país con Ecuador, donde la estructura de El Chapo está integrada por delincuentes colombianos, ecuatorianos y peruanos, que protegen la producción de cocaína y mantienen el control sobre las rutas para traficarla.

En Colombia, la Defensoría del Pueblo reportó el viernes 4 que en el suroccidental puerto de Buenaventura hay un grupo de mexicanos verificando la salida de cocaína. Es el principal punto de distribución de grandes cargamentos de la droga hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

De acuerdo con el profesor Reyes Beltrán, “el Cártel de Sinaloa, el holding, supervisa la logística de producción y distribución de cocaína en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y sus socios locales trabajan como franquicias, pero cada vez hay un mayor control de los mexicanos en los canales de producción y distribución”.

Añade: “Buenaventura es una salida estratégica. La otra es el Golfo de Urabá (en el noroccidente de Colombia), donde El Chapo puede operar con sus socios de Los Rastrojos y Los Urabeños para poner la droga en Centroamérica y en México; ahí él tiene otras estructuras para mover la droga a Estados Unidos”.

De acuerdo con el politólogo, “al Estado mexicano le ha quedado grande la tarea de acabar con El Chapo Guzmán y con toda su estructura, por esa razón: El Chapo ya es un holding, una empresa matriz multinacional, que implica una estructura mafiosa con gran poder de infiltración en las instituciones policiacas y militares de México y otros países”.

A decir de Reyes Beltrán, es “imposible” que el narcotraficante más buscado de México (desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001) haya evitado su captura durante tanto tiempo sin contar con una red de protección a cargo de funcionarios gubernamentales.

“Este esquema lo reproduce en toda la región a través de sus socios (…) Tiene un ejército, aviones y lanchas para transportar drogas; posee los mecanismos para lavar activos, el control de varias rutas desde Sudamérica hasta Estados Unidos, los canales de comercialización. Y cobra un porcentaje a sus socios, filiales y franquicias por el uso de esa estructura empresarial multinacional. Es mucho más que un cártel de la droga”, señala.



“México aún no entiende”



Según la categorización que utiliza el Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, una mafia es una empresa económica que produce, promueve y vende protección en aquellos espacios y nichos sociales que el Estado deja vacíos. En cambio, de acuerdo con este concepto, un cártel de la droga sería sólo un grupo delictivo organizado.

“Desde ese punto de vista –explica Reyes Beltrán–, El Chapo no es el jefe de un cártel, sino un capo mafioso que vende protección y logística para hacer un negocio, el narcotráfico. Es lo mismo que fueron en su momento Pablo Escobar (asesinado por un grupo de élite de la policía en 1993) y Salvatore Riina (el capo de la mafia siciliana capturado en 1993 y que cumple cadena perpetua).”

La tesis de los investigadores de la UN se apoya en testimonios de narcotraficantes colombianos sobre la influencia trasnacional de Guzmán Loera.

Además, un informe de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC) sustenta la hipótesis de que el jefe del Cártel de Sinaloa buscó deliberadamente el liderazgo regional y se lo disputó con otros cabecillas.

El pasado 18 de septiembre, en un operativo conjunto de las policías antidrogas de Estados Unidos, Colombia y Venezuela, fue capturado en este último país el que se consideró el último gran capo de la droga colombiano: Daniel El Loco Barrera.

Según el reporte de la PNC, cuando fue detenido, El Loco preparaba una guerra contra El Chapo, pese a que fueron socios hasta hace poco. En 2011 su alianza comenzó a deteriorarse cuando los dos pusieron la mira en los dominios de los colombianos que dejaron Luis Agustín Caicedo Velandia, conocido como Lucho, y Julio Lozano Pirateque, cabecillas de la denominada Junta Internacional del Narcotráfico. El primero fue capturado en abril de 2010 en Argentina durante una redada de la DEA, y el segundo se entregó a la justicia estadunidense siete meses después.

En el documento, la policía colombiana señala que El Loco Barrera intentó quedarse con el negocio de Lucho y Lozano Pirateque, a fin de “cobijar bajo su mando a todos los cabecillas del narcotráfico a nivel latinoamericano, situación que despertó la codicia de El Chapo Guzmán, alterando más las relaciones entre estos dos capos del narcotráfico”.

Barrera planeó atacar a Guzmán con el apoyo de una facción de Los Zetas con la que seguía haciendo negocios hasta el momento de su captura. La caída de El Loco terminó de consolidar el liderazgo del capo mexicano en toda la región.

El doctor en historia Carlos Medina Gallego, otro integrante del Grupo de Investigación Cultura Jurídico-Política de la UN, señala que si bien los fenómenos de violencia, mafias y narcotráfico en Colombia y en México están diferenciados por las condiciones de cada país, existen paralelismos muy notables, como su entorno socioeconómico:

“En los dos países las diferentes crisis económicas –las del café y el algodón en Colombia, en los cincuenta y sesenta, la de la deuda externa que afectó a toda Latinoamérica en los ochenta, la de 1994-1995 en México y el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el campo mexicano en los noventa– obligaron a muchos sectores de la población a buscar posibilidades de vida en economías informales y en prácticas ilegales”, indica.

Para el investigador, no es casual que la explosión de la violencia de los últimos años en México sucediera en medio de un mediocre crecimiento económico (menos de 2% por año en promedio durante el sexenio de Felipe Calderón) y de un aumento de la pobreza, estimado en 2 millones de personas, lo que aunado a la fallida estrategia contra el narcotráfico derivó en más de 80 mil muertos.

“La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado arrojó resultados muy desalentadores, con lo cual el delito adquirió nuevas y más sólidas formas de confrontación que se inscriben en la infiltración de las mafias en la economía, las instituciones, la política y las prácticas sociales”, señala Medina Gallego.

También experto en violencia, sostiene que tanto en Colombia como en México los grupos ilegales, en particular los cárteles del narco, se consolidaron regionalmente y crearon “una nueva territorialidad administrativa”.

Por eso plantea: “Creo que los mexicanos todavía no logran entender el impacto que el narcotráfico y el crimen organizado tiene en la sociedad mexicana y lo que significa su injerencia en las economías convencionales, su dominio y control territorial, y la manera en que han permeado a las clases sociales convencionales, subordinándolas a las lógicas de la corrupción, de la amenaza, del miedo y del terror, tal como pasó en Colombia desde las épocas del Cártel de Medellín (en los ochenta y noventa) hasta las matanzas y ejecuciones narcoparamilitares (en los noventa y a principios de la década pasada)”.



TLC, el gran detonador



Para el profesor Reyes Beltrán, los niveles de violencia que se observan en México son resultado de “técnicas de violencia, terror e intimidación que vimos en Colombia en la época más cruenta de los paramilitares”. Los jefes de éstos se convirtieron durante los noventa en los nuevos capos de la droga y son ellos a quienes grupos humanitarios responsabilizan de 2 mil 500 masacres que dejaron más de 14 mil víctimas, contadas hasta 2007.

Por ese motivo el mencionado grupo multidisciplinario de investigación de la UN, que dirige el doctor Óscar Mejía Quintana, considera posible que los narcos colombianos hayan transmitido su experiencia a sus socios mexicanos.

De acuerdo con Reyes Beltrán, la lumpenización del narcotráfico mexicano en los últimos años está relacionada con la estrategia de seguridad, que golpeó a algunas bandas pero no socavó las estructuras de las mayores, lo que propició el ascenso de los sicarios a las más altas esferas del poder. “Y los gatilleros son más violentos que sus jefes, como se vio aquí en Colombia cuando los cárteles se atomizaron”, comenta.

Aclara que si bien el problema de la violencia en México se exacerbó en los últimos años, “el fenómeno mafioso (en el país) no es un fenómeno coyuntural, sino permanente” y tiene su origen en los plantíos de amapola que los inmigrantes chinos, que consumían opio, sembraron en la sierra de Sinaloa a principios del siglo XX.

Ahora, dice, “muchas organizaciones criminales se han lumpenizado y la violencia que generan se degradó, pero las estructuras mafiosas ya estaban ahí. Nosotros no lo vemos sólo como un fenómeno criminal, sino como algo más profundo. Es, desde nuestro punto de vista, un fenómeno sociocultural relacionado con herencias históricas, con la desintegración geográfica, con exclusiones sociales y con la imposición de poderes locales”.

Una conclusión de la investigación es que “hay en nuestros países una cultura de la ilegalidad que rivaliza con el respeto a un estado de derecho y que entroniza a los jefes mafiosos como referentes sociales dignos de prestigio y privilegios”, adelanta.

En el estudio se revela que en amplios segmentos de las sociedades mexicana y colombiana el entorno familiar es el lugar donde se legitiman las prácticas mafiosas como vías para obtener prestigio, dinero y ascenso social. Para Reyes Beltrán, “pasamos de sociedades rurales, donde era importante la palabra, a sociedades donde lo único importante es la sobrevivencia y el consumo a cualquier precio, incluso al precio de la ilegalidad, y esto es propiciado por nuestras propias élites”.

Y sostiene que “en Latinoamérica, el narcotráfico se va a profundizar más si las élites siguen queriendo apropiarse de hasta el último peso que produce la economía, a costa de la degradación de los sectores medios y bajos, y todo esto en un modelo económico en el que estos sectores están más propensos a descender que a subir en el escalafón social por las crisis recurrentes”.

A su vez, Medina Gallego afirma que “este fenómeno no se va a acabar si nosotros seguimos pensando únicamente que la solución está en más violencia, en más coerción, en aumentar las fuerzas policiacas, en aumentar la capacidad de combate del Ejército”. Si bien “necesitamos un Estado más fuerte para hacer frente al delito –argumenta el historiador–, también requerimos educación, empleo para nuestros jóvenes y combatir la pobreza y la exclusión social”.

“En ese sentido no sé qué tanto les podrá ayudar (a los mexicanos) el general (Óscar) Naranjo (exdirector de la policía colombiana que asesora en materia de seguridad al presidente Enrique Peña Nieto), porque no todo se debe apostar a la lucha policiaca. De hecho en México se recrudece la violencia porque la política del Estado (con Calderón) fue atacar frontalmente el fenómeno y no sus raíces.”

Señala que una hipótesis del grupo de investigación es que el TLC que entró en vigencia en 1994 contribuyó a extender el narcotráfico por su impacto en amplios sectores del agro mexicano y por los cinturones de miseria que se crearon alrededor de la industria maquiladora en las ciudades fronterizas del norte, como Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

“Hay una gran renuencia por parte de algunos académicos mexicanos y del Estado a aceptar que el TLC influyó en este fenómeno, pero nuestra hipótesis es que sí influyó, por la quiebra de miles de productores agrícolas que no pudieron competir con Estados Unidos y que fueron absorbidos por las mafias del narcotráfico”, concluye el especialista.