Confirman pena de muerte a mexicanos en Malasia

+ El Tribunal ratificó la pena capital para los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal, a quienes sólo les queda apelar al Tribunal Federal y, por último, solicitar el perdón real para escapar a la horca.

Internacionales

MILENIO - 2013-08-14

El Tribunal de Apelaciones de Malasia confirmó hoy la sentencia a morir en la horca para los tres hermanos mexicanos González Villarreal, condenados hace dos años por un delito de narcotráfico.

Los tres magistrados de la corte rechazaron la apelación de los los hermanos Luis Alfonso, Simón y José Regino, a quienes sólo les queda apelar al Tribunal Federal y, por último, solicitar el perdón real para escapar a la pena capital.

"Desgraciadamente, han rechazado la petición, vamos a presentar cuanto antes una apelación ante el Tribunal Federal", manifestó por teléfono el abogado de los hermanos, Kitson Foong.

Los mexicanos fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 en una redada realizada por la Policía malasia en la ciudad de Johor, junto a un ciudadano malasio y otro singapurés, que también están condenados a muerte.

El letrado no consiguió convencer al tribunal de que los hermanos sólo se encargaban de las tareas de limpieza y que fueron detenidos en la parte exterior de la nave donde los agentes encontraron 29 kilogramos de metanfetamina, una alijo valorado en 15 millones de dólares.

Sin embargo, el fiscal alegó que se encontraron restos de droga en las ropas y las manos de los acusados.

Los tres hermanos, originarios del estado de Sinaloa, salieron cabizbajos de la sala del tribunal de Kuala Lumpur tras escuchar el veredicto.

Una forma de escapar a la pena capital es que la justicia malasia sustituya los cargos de narcotráficos por los de posesión de narcóticos, lo que les conmutaría la pena por una larga estancia en la cárcel y un castigo aplicado con azotes en las nalgas.

El abogado de los mexicanos González Villarreal también alega que un tercio de las metanfetaminas desaparecieron mientras eran custodiadas por la Policía, lo que debería suponer, en su opinión, la anulación del proceso judicial por una vulneración de los derechos fundamentales de sus clientes.

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