Oposición denuncia que Correa busca acaparar poder
Internacionales
- 2011-05-07
Diez preguntas para impulsar diez reformas conforman el referéndum al que los ecuatorianos están convocados hoy y que, tal como está planteada la convocatoria, y a decir por las encuestas, es un intento de plebiscito a la gestión del presiente Rafael Correa, que busca ampliar su poder.
Cerca de 11.2 millones de votantes y casi 206 mil residentes en el extranjero están habilitados para sufragar en las 24 provincias del país. Los ecuatorianos deberán responder SÍ o NO a las preguntas planteadas y que buscan reformar la Justicia y la estructura de jueces, prohibir las inversiones de la prensa y de la banca en otros sectores de la economía e instaurar un Consejo para el control de los contenidos periodísticos, entre las medidas impulsadas por el gobierno que levantan más polémica y encontraron mejor parada a una oposición que sigue, desde hace años, en desbandada.
Las leyes que el jefe de Estado busca aplicar para controlar a la prensa llevaron a los medios a realizar en los últimos meses denuncias ante los organismos internacionales y hasta una marcha contra la iniciativa gubernamental que a decir de periodistas y propietarios de medios de comunicación no busca otra cosa que amedrentarlos y ejercer la censura.
Las últimas encuestas indican que el número de indecisos ronda el 20%, lo que podría hacer que los resultados sean un poco más apretados de lo que se estima desde hace semanas, cuando los sondeos de opinión le daban una holgada ventaja al SÍ (con más de 22 puntos de diferencia) impulsado por Correa, a todas las 10 preguntas, divididas en dos partes: las cinco que se aprueban automáticamente con la mayoría de los votos y las otras cinco que necesitarán, una vez respaldadas en las urnas, tratamiento legislativo
La jornada de hoy estará supervisada por observadores locales y de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que la seguridad estará en manos de casi 40 mil efectivos policiales.
En las cárceles de todo el país, la elección arrancó ayer.
De acuerdo con la Constitución que le permitió a Correa reelegirse en 2009, los presos sin condena pueden sufragar. Los condenados, en cambio, están inhabilitados. Eso significa que casi 4 mil 100 presos podían ejercer este derecho.
Entra las cuestiones planteadas por el gobierno en la consulta está la de si la no afiliación de un trabajador al seguro social constituirá o no un delito, con lo que la administración Correa tendría las manos libres para combatir el empleo en negro (no registrado) y a varias de las empresas que considera enemigas de su gobierno.
Otra de las preguntas se refiere a si “el enriquecimiento privado no justificado debe ser delito”, y si el electorado está de acuerdo con la prohibición de los juegos de azar en casinos y salas de juego.
Una pregunta que ha llamado la atención en los países con afición a los toros tiene que ver con las populares corridas. El mandatario busca que se prohíban los espectáculos donde se sacrifican animales. De ser aprobada, la enmienda no afectará a las peleas de gallos.
La oposición asegura que una victoria del “SÍ” haría que el mandatario acapare más poder y viole la independencia de la función judicial. Legisladores se quejan de que Correa ha usado recursos del Estado para promover el “SÍ”. “Sentimos que hemos jugado con un árbitro vendido, con la cancha inclinada”, por el “favoritismo” del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el presidente”, se quejó ayer el asambleísta Andrés Páez.
