Tribunal Constitucional español rechaza declaración soberanista catalana

El Tribunal Constitucional español rechazó hoy por unanimidad la declaración aprobada en el Parlamento autónomo de Cataluña en enero de 2013 en la que se definía a este territorio como un "sujeto jurídico y político soberano" y que fue impugnada por el gobierno central. En mayo pasado el Tribunal Constitucional español suspendió temporalmente ese acuerdo de la Cámara catalana tras admitir a trámite la impugnación del gobierno central.

"En el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España", afirma la sentencia que supone un varapalo para el pulso independentista del presidente regional catalán, Artur Mas. La Cámara regional catalana aprobó, con el apoyo de las formaciones nacionalistas, un acuerdo que tiene como objetivo el llamado "derecho a decidir" por parte de los ciudadanos y que tiene como pretensión final organizar una consulta en noviembre para que los catalanes digan si quieren ser un sujeto político distinto a España.

"Se declara inconstitucional y nulo el denominado principio titulado 'Soberanía' de la Declaración" porque ello dotaría a Cataluña del "poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento: 'la indisoluble unidad de la Nación española", defiende la sentencia. En cambio, reconoce "el derecho a decidir" del pueblo catalán siempre que se ejerza ajustándose a la Constitución.

Después de la declaración de enero de 2013, el Parlamento catalán aprobó en marzo pasado por una mayoría más de dos tercios una resolución en la que se instó al Gobierno regional a "iniciar un diálogo" con el del Estado para celebrar la consulta de autodeterminación. Esta iniciativa fue votada a favor por el partido que gobierna en Cataluña, CiU (centroderecha), así como por tres partidos de izquierda: ERC, ICV-EUiA y PSC, aunque éste tercero, socialista, no había respaldado la declaración de enero.

El Ejecutivo español de Mariano Rajoy (PP, centroderecha) siempre rechazó esas pretensiones de los nacionalistas catalanes con el argumento de que no son legales porque la Constitución no las autoriza. La línea del gobierno español es apoyada por el primer partido de la oposición, el PSOE (socialista). El portavoz de CiU en la Cámara autonómica, Jordi Turull, reaccionó con la afirmación de que a su partido "no le merece ningún respeto" la sentencia del Constitucional conocida hoy porque está hecha por "agitadores políticos que han atizado la catalonofobia".

Varios grupos representados en esa Cámara anunciaron hoy que quieren recusar a tres integrantes del Constitucional por considerar que con diferentes declaraciones demostraron animadversión a sus posiciones. Sobre este mismo asunto la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunció ayer para asegurar que una consulta sobre la eventual independencia "carece de encaje en la Constitución" en vigor desde 1978 y que, por tanto, "no encuentra ningún respaldo legal para su celebración".

El próximo 8 de abril el Congreso de los Diputados celebrará un debate sobre la petición de traspaso de competencias al Ejecutivo catalán para poder convocar la consulta. Mientras, el fervor independentista se mantiene en un importante sector de la sociedad catalana que ha protagonizado masivas manifestaciones independentistas en los últimos dos años para expresar su malestar por lo que entienden un maltrato económico e identitario desde el gobierno central.

Esta resolución supone un duro contratiempo para el presidente independentista catalán Artur Mas, que ha repetido en numerosas ocasiones su deseo de realizar la consulta sobre la secesión dentro de la legalidad. Enfrentado con Mariano Rajoy desde septiembre de 2012, Mas convocó en diciembre, con el apoyo de otros partidos nacionalistas, un referéndum de autodeterminación para el 9 de noviembre, cuya celebración es una incógnita.