+ La juez Vanessa Gilmore ordenó la suspensión temporal de la ejecución de los convictos Ramiro Hernández y Tommy Lynn hasta que no se revele el nombre del fabricante de la inyección letal.
Internacionales
MILENIO - 2014-04-02
Una magistrada federal ordenó hoy suspender la ejecución de Tommy Lynn Sells y del mexicano Ramiro Hernández Llanas, recluidos en una cárcel de Texas, hasta que las autoridades estatales revelen al abogado del prisionero el nombre del fabricante de la inyección letal.
Los abogados de Sells y de Hernández Llanas, interpusieron una demanda contra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) exigiendo el nombre del proveedor de un nuevo lote de pentobarbital, el sedante utilizado en la inyección letal al sostener que se tenía el derecho a saber de dónde provenía.
El TDCJ se ha resistido hasta ahora a dar a conocer la identidad del proveedor, bajo el argumento de que debe mantenerse en secreto para protegerlo de las amenazas de violencia de opositores a la pena de muerte.
La juez Vanessa Gilmore emitió este miércoles una orden de suspensión temporal, que frena por ahora la ejecución del homicida convicto Tommy Lynn Sells que estaba programada para hoy a las 18:00 horas, mientras que los planes para la ejecución del mexicano Ramiro Hernández Llanas, proyectada para el próximo miércoles 9 podrían posponerse.
Los abogados de Sells y Hernández Llanes sostienen que se necesita conocer el nombre del fabricante del compuesto, para verificar la calidad de la droga y a fin de garantizar que el proceso se efectuará sin violar el principio constitucional de provocar una muerte sin dolor.
La situación se produce a raíz de la escasez de los compuestos utilizados en la inyección letal que ha motivado a las entidades que aplican la pena de muerte a buscar nuevos proveedores y nuevas drogas que puedan ser utilizadas para las ejecuciones.
La escasez es propiciada por la negativa de las compañías farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios para realizar las ejecuciones y de las farmacias para preparar los compuestos necesarios para asegurar una muerte rápida.
Varias de las compañías farmacéuticas con sede en Europa, donde se tiene una larga tradición de oposición a la pena de muerte, han dejado de vender estos medicamentos a los sistemas penitenciarios de las entidades estadunidenses que aplican el castigo capital.
Texas y otras entidades que aplican la pena de muerte se han visto forzadas a recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican fármacos personalizados bajo pedido y adoptan nuevas mezclas no probadas, para abastecerse de lo necesario para conducir las ejecuciones.
El sistema penitenciario de Texas informó en fecha reciente haber obtenido un nuevo lote de compuestos que le permitirán continuar con las ejecuciones pendientes en los próximos meses.
Dicha estrategia ha sido utilizada también en Missouri por parte de los abogados del convicto Herbert Smulls, quienes en enero lograron una prórroga a la ejecución alegando los mismos argumentos.
