ONU denuncia los proyectos de expulsión de menores irregulares en EU

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció el jueves los proyectos de Washington de devolver a sus países de origen a los menores en situación irregular provenientes de América central. "Hay unos 57 mil menores solos en Estados Unidos. Estoy especialmente preocupada, ya que Estados Unidos parece estar dispuesto a devolver a una mayoría de ellos", declaró Pillay a los periodistas en Ginebra.

La llegada masiva de menores indocumentados y sin compañía de adultos sorprendieron a las autoridades estadunidenses, que no cuentan con los medios financieros y legales necesarios para hacer frente a este fenómeno. El presidente estadunidense, Barack Obama, dijo que estos menores serían expulsados a sus países de origen y que los legisladores preparaban un proyecto para acelerar estas expulsiones.

Para Washington, esta llegada masiva es una "crisis humanitaria". La mayoría de los niños vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde huyen de la pobreza y la violencia. Según Pillay, hay que ofrecer un techo y cuidados a estas jóvenes víctimas. "La devolución [de los menores] únicamente debería llevarse a cabo si se garantiza su protección en los lugares donde irán", declaró.

"Hay que hacer frente a las verdaderas causas de la crisis en los países de origen y de destino. Las redes criminales de tráfico de personas deben desmantelarse (...) debe castigarse a los traficantes, y no a las víctimas o a sus familias", añadió. Estados Unidos tiene la obligación de encargarse de los menores no acompañados (a excepción de los procedentes de México y Canadá), quienes antes de tres días deben ingresar en un centro de asilo.

En estos centros, los menores pasan una media de 34 días antes de ser liberados y devueltos en un 85% de los casos a sus familias ya presentes en territorio estadunidense. Posteriormente, están obligados a comparecer ante un tribunal de justicia encargado de cuestiones de inmigración.

"La detención de migrantes por motivos de inmigración no debería ser la única opción. Debería ser posible sólo durante un período lo más breve posible", apuntó Pillay, para quien "la detención de los menores constituye una violación de sus derechos, ya que va contra el principio del interés para el menor".

Mientras, la Cámara de Representantes estadunidense retrasó el jueves el inicio de sus cinco semanas de vacaciones y podría votar el viernes sobre los fondos de emergencia que Barack Obama solicitó para enfrentar la oleada ilegal de niños en la frontera.

Los republicanos que dominan la cámara baja dejaron pasar una votación sobre los recursos, pero a último minuto postergaron el receso legislativo, previsto desde la tarde del jueves, y fijaron una reunión la mañana del viernes para intentar programar una votación, a fin de enfrentar el asunto fronterizo.

"Nos quedaremos hasta que votemos", afirmó el congresista republicano Darrell Issa. Mientras tanto un paquete distinto fue bloqueado en el Senado por los republicanos. Así la incertidumbre prevalecía sobre la capacidad del Congreso en su conjunto, Cámara y Senado, de adoptar rápidamente un compromiso para aprobar fondos especiales, requeridos con urgencia por el gobierno federal.

El secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, dijo la semana pasada que la agencia de inmigración se quedará sin dinero en agosto, mientras que la Guardia Fronteriza podría seguir funcionando hasta septiembre. Desde octubre más de 57 mil niños han cruzado ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de adultos, lo que representa el doble del número de menores detenidos en la frontera en todo el año 2012 y casi 50% más que en 2013.

La situación ha colocado a Obama en una posición delicada frente a un tema políticamente sensible. El asunto se mezclaba este jueves en una manifestación de más de cien líderes religiosos que fueron arrestados por bloquear el paso frente a la Casa Blanca, mientras protestaban contra las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

"Le decimos a Obama que pare las deportaciones inmediatamente y extienda la acción diferida (permisos de permanencia excepcionales) a todos los indocumentados", dijo a la AFP la reverenda Susan Frederick-Gray, de la iglesia unitaria universalista de Phoenix (Arizona). "Los niños requieren debido proceso para revisar sus casos. Deberíamos verlos como refugiados y actuar en consecuencia", añadió minutos antes de ser arrestada.

Obama, que perdió la batalla en el Congreso por una reforma migratoria, había ordenado una revisión de las deportación cuando la crisis de los niños explotó en la opinión pública. El mandatario pidió el 8 de julio al Congreso recursos especiales por 3,700 millones de dólares a fin de añadir nuevos agentes fronterizos y jueces migratorios para acelerar la revisión de casos, y multiplicar las camas en los centros de detención que albergan a familias y menores indocumentados.

El monto hizo entrar en cólera a algunos congresistas. El Senado propuso una cifra menor, de 2,700 millones de dólares. La cámara baja, de mayoría republicana, tenía previsto aprobar una fracción de ese monto (659 millones de dólares), si se condicionaba la controvertida enmienda de una ley de 2008 contra el tráfico de seres humanos.

Pero la factura era aun así muy elevada para la corriente ultraconservadora del Tea Party, y el liderazgo republicano seguía intentando elaborar un nuevo plan de emergencia para llegar a un acuerdo.

La ley de 2008 otorga a los niños de países no fronterizos con Estados Unidos más protecciones legales que a los mexicanos, para que puedan presentar eventuales pruebas de que corren peligro. Pero los republicanos aseguran que se trata de un hoyo legal del que se aprovechan los traficantes para enviar decenas de miles de niños centroamericanos convencidos de que recibirán asilo.

Tres cuartas partes de la ola creciente de niños provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. En la práctica, no todos los menores reciben asilo, pero el procedimiento dura meses o años y son entregados a sus familiares mientras esperan una audiencia judicial. De 167 casos de asilo de niños no acompañados evaluados desde octubre, el servicio migratorio (USCIS, por su sigla en inglés) decidió de manera positiva en 108 de ellos.

La Casa Blanca advirtió hoy que el enfoque migratorio de los republicanos busca la deportación de los once millones de indocumentados que se calcula hay en EU, después de que los conservadores presentaran la pasada noche un nuevo proyecto de ley para terminar con la llamada "acción diferida".

"Es extraordinario que la Cámara de Representantes, después de tener más de un año para reformar nuestro quebrado sistema de migración, vote para restringir una herramienta de aplicación de la ley que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utiliza para enfocar sus recursos en aquello que es prioritario", aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado.

Anoche, los conservadores de la Cámara baja presentaron un proyecto de ley para impedir que el presidente Barack Obama amplíe la llamada "acción diferida" o DACA (por sus siglas en inglés), un programa que promulgó hace dos años para evitar las deportaciones de los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños pero siguen en situación irregular, conocidos como "soñadores".

La extensión de este programa a los padres de dichos jóvenes es una de las opciones que está barajando Obama para actuar desde el Poder Ejecutivo y aliviar así a los millones de personas que están en riesgo de deportación, en respuesta a la negativa republicana de votar este año una ley de reforma migratoria integral.

Earnest agregó que la acción diferida ayuda a priorizar aspectos como la seguridad pública y la seguridad fronteriza en la medida en que proporciona alivio temporal a las personas cuya deportación no es necesaria para el sistema, ya que son personas que han crecido en el país y no han cometido ningún tipo de crimen.

"A la vista de la falta de acción del Congreso, el uso de la Administración de la Acción Diferida para los 'soñadores' en 2012, lo que ha beneficiado a más de 500 mil jóvenes que son estadunidenses en todos los aspectos excepto en el papel, es el avance más significativo que hemos hecho hacia una reforma migratoria en años", recordó el portavoz.

"Al no actuar sobre un proyecto de ley de reforma migratoria que requiera que las personas que están aquí ilegalmente paguen impuestos, se sometan a los controles de antecedentes y estén en el lado correcto de la ley, la Cámara está dirigiéndose a un enfoque que trata de redondear y deportar a once millones de personas, a la separación de familias, y a socavar la capacidad del DHS para asegurar la frontera", insistió.

Los conservadores de la Cámara baja presentaron la pasada noche este proyecto en medio del debate entre demócratas y republicanos sobre los fondos de emergencia destinados a lidiar con la crisis migratoria infantil que azota la frontera sur del país, a donde han llegado en los últimos diez meses cerca de 60 mil niños centroamericanos no acompañados.