Juez español impone fianza de tres millones de euros a Rato

Un juez español impuso este jueves una fianza civil de tres millones de euros al ex director del FMI Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas corporativas opacas que sirvieron para pagar safaris, obras de arte, joyas o restaurantes a numerosas personalidades.

El magistrado Fernando Andreu de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) le ha dado tres días al también ex ministro de Economía y vicepresidente del gobierno con José María Aznar para pagarla si no quiere que le embarguen bienes, tras tomarle declaración en su calidad de antiguo presidente de Caja Madrid, informaron fuente judiciales.

Andreu también ha impuesto otra fianza civil de 16 millones de euros a Miguel Blesa, que precedió a Rato en el cargo al frente de la caja de ahorros madrileña, que ofrecía unas tarjetas corporativas fiscalmente opacas.

El juez considera que la conducta de ambos podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal, según la misma fuente. No obstante, ambos consideraron que esas tarjetas opacas al fisco "formaban parte de su salario" y que se trataba de tarjetas de libre disposición para fines privados.

Más de 80 personalidades están implicadas en este último escándalo judicial en España, por el que también fue interrogado este jueves el exdirector general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj.

El escándalo alcanza tanto a la clase política como a responsables sindicales y empresarios poniendo especialmente en aprietos al gobernante Partido Popular (PP, derecha), al que pertenece Rato.

También causa malestar en un país golpeado por la crisis económica y llega en un mal momento para el gobierno, muy criticado por su gestión del virus del ébola, a un año de las próximas elecciones generales.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró el jueves ante los diputados españoles que había hecho "todo lo que un gobierno tiene que hacer" en este asunto, calificado por los pequeños partidos de izquierda reunidos en el grupo parlamentario de la Izquierda Plural del "mayor fraude de la democracia".

Grandes sumas de dinero en metálico
Ochenta y seis dirigentes y miembros del consejo de administración recibieron entre 1999 y 2012 tarjetas corporativas de Caja Madrid y después de Bankia, tras la fusión con otras seis cajas de ahorros en 2010, y 83 de ellos se gastaron 15.5 millones de euros con las mismas.

En el caso de los dirigentes, estas tarjetas "B" como las llama la prensa, venían a unirse a su tarjeta corporativa oficial. Los miembros del consejo de administración sólo disponían de esta tarjeta para pagar sus gastos de representación, según una fuente cercana al caso.

Pero, en algunos casos, sus beneficiarios las usaron para otras cosas. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009 con un salario anual de unos 3 millones de euros, se pagó con esa tarjeta safaris en África por nueve mil euros y se gastó diez mil euros en vino, publica la prensa.

Otros retiraron centenares de miles de euros en metálico, compraron joyas, ropa de lujo o pagaron restaurantes o taxis con fondos cuyo origen se desconoce, añaden los periódicos.

Algunos de los implicados han devuelto las sumas gastadas después de que estallara el escándalo a principios de octubre, pero otros no, mientras también se han multiplicado las dimisiones.

Rato ha devuelto cerca de 55 mil euros, de un total de 99 mil, según una auditoría interna llevada a cabo por Bankia y que la AFP ha podido consultar. Fue la auditoría enviada a la fiscalía que llevó a la apertura de una investigación. El asunto podría costarle al ex ministro de Economía español sus actuales puestos de consejero en varias grandes empresas.

No obstante, no ha sido por ahora expulsado del PP, que le ha abierto un expediente, al igual que a otros trece miembros de la formación gubernamental implicados. Tres miembros del PP también afectados se dieron de baja del partido en los últimos días. El Partido Socialista, por su parte, expulsó a sus diez militantes implicados en el asunto.

El ex número uno del FMI también está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables y falsedad documental en otra investigación judicial por la entrada en bolsa de Bankia en julio de 2011