En una España harta de corrupción, las élites ya no son intocables

España está harta de la corrupción y, tras años de una indignación popular atizada por la crisis económica, el viento empieza a cambiar para unas élites que durante mucho tiempo fueron intocables.

A un año de las elecciones legislativas, los partidos políticos, habitualmente acusados de cerrar los ojos, hablan de combatir la corrupción en un momento en que un español de cada cuatro está desempleado.

El más famoso de estos poderosos ahora en la picota es Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y uno de los pilares del conservador Partido Popular (PP), en el poder.

Rato se encontró en el centro de un escándalo de tarjetas bancarias ocultas con las que 83 dirigentes de Bankia, banco que requirió un rescate público, pagaron más de quince millones de euros (19 millones de dólares) en gastos personales --vacaciones de lujo, vinos de excepción, trajes y joyas-- sin rendir cuentas a nadie, y sobre todo al fisco.

Imputado y obligado a pagar una fianza civil de tres millones de euros, este ex ministro de Economía y ex vicepresidente del gobierno español tuvo que pedir el lunes su suspensión del partido, que se preparaba a excluirlo.

Rato había escapado hasta ahora a esta humillación pese a las investigaciones por estafa, malversación de fondos y falsificación de cuentas, delitos presuntamente cometidos durante la entrada en bolsa en 2011 de Bankia, que el Estado tuvo que salvar de la quiebra un año más tarde inyectándole 20 mil millones de euros.

Tras dimitir como presidente del banco, Rato siguió siendo consejero de grandes grupos como CaixaBank, Santander y Telefónica. Pero la clase política española se vio sacudida por la emergencia de un nuevo partido, Podemos, dispuesto a "defender a la gente de los poderes financieros y la corrupción".

Convertido en la cuarta formación política más votada en España durante las elecciones europeas de mayo, Podemos podría desplazar al PP en la región de Madrid en las elecciones municipales de la próxima primavera boreal. Portada de todos los diarios, el escándalo de las tarjetas bancarias provocó un alud de dimisiones.

El Partido Socialista, primera fuerza de oposición, excluyó a sus miembros implicados. En cuanto al PP, el diario conservador ABC advertía el miércoles que "la sociedad española terminará pasándole por encima" si no sanciona rápidamente a sus miembros imputados.

"Pánico a ser un corrupto"

"Con la crisis, la gente se ha hecho más inquisitiva y busca la raíz de los problemas económicos y esto es una de las cosas que está presionando mucho a los partidos", dice Fermín Bouza, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid. "En este momento lo que hay es un enorme pánico a ser un corrupto, a ser encontrado culpable de alguna forma de corrupción", agrega.

Los escándalos sacuden tanto a la izquierda como a la derecha, a la patronal y a los sindicatos, a los clubs de fútbol e incluso a la hermana del rey. En Galicia, en el noroeste del país, uno de cada nueve alcaldes está imputado, según un recuento del diario La Voz de Galicia.

En Cataluña, el ex presidente y figura emblemática del nacionalismo Jordi Pujol y su familia están siendo investigados por la policía y el fisco. Los imputados son cientos, pero los condenados y encarcelados sólo unos pocos.

"Hay una reacción de escándalo y de indignación, de queja, primero porque los partidos no han reaccionado con la debida rapidez y segundo porque el proceso de castigo es muy lento", considera José Juan Toharia, presidente del instituto de sondeos Metroscopia.

Impresión de impunidad
Toharia explica esta lentitud por la falta de jueces --España tiene, dice, dos veces menos magistrados por mil habitantes que Francia y cuatro veces menos que Alemania-- y por la abundancia de recursos. El resultado es "que no se puede hacer un castigo ejemplar", por lo que existe "una sensación de impunidad" que "desespera mucho a la gente".

Consciente de que las próximas elecciones no podrán ganarse sólo gracias a una tímida reactivación económica que la población no siente aún asfixiada por el alto desempleo, el gobierno decidió hacer campaña contra la corrupción, señala Manuel Villoria, miembro fundador de la ONG Transparency International.

Prepara así un paquete de leyes que incluye una reforma del código penal que incluye un delito de enriquecimiento ilícito, una ley de financiación de partidos y reglas sobre los conflictos de intereses para los altos funcionarios.

"Dudo que muchas de estas medidas que se anuncian se apliquen. Yo exigiría dar mucha más independencia y autonomía a ciertos órganos (...), por ejemplo reforzar la independencia de la fiscalía", concluye.