Obama anunciará hoy nuevas medidas migratorias

Por más que el presidente Barack Obama utilice su autoridad hasta el límite para proteger de la deportación a miles de inmigrantes en situación irregular, la suerte de muchos millones quedará sin resolver.

Obama se dispone a demostrar su poder como jefe del ejecutivo el jueves al anunciar en un discurso previsto para las 8 de la noche, hora del Este, (0100 GMT) que soslayará al Congreso y tomará medidas en materia de inmigración.

Los legisladores republicanos han respondido de manera inmediata y agresiva, anunciando el comienzo de lo que podría ser una de las batallas partidistas más enconadas de la presidencia de Obama.

Fuentes cercanas al Gobierno afirman que Obama anunciará que algunos padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes legales permanentes recibirán un indulto ante una posible deportación y que hasta cinco millones de personas podrían beneficiarse por esa medida.

Otros beneficiarios potenciales de las medidas de Obama serían los inmigrantes traídos sin autorización al país cuando eran niños pero que no reúnen todos los requisitos de un decreto vigente desde 2012.

Hay más de 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en el país, y los decretos de Obama dejarían a millones sin protección, aunque las probabilidades de ser deportados si no han cometido un delito son bajas.

"Lo que voy a exponer son las cosas que puedo hacer con mi autoridad legítima como presidente para mejorar el sistema, al mismo tiempo que sigo colaborando con el Congreso y lo exhorto a aprobar un proyecto bipartidista exhaustivo que resuelva todo el problema", dijo Obama en un video que publicó el miércoles en Facebook.

Un decreto que permita a los padres de ciudadanos y residentes obtener permisos de trabajo afectaría a unas 3.3 millones de personas si requiere que hayan vivido en el país durante al menos cinco años, según el Instituto de Política Migratoria. Si incluye a cónyuges de ciudadanos y residentes, la cifra se eleva a 3.8 millones.

También es probable que el presidente amplíe su decreto de 2012, que permitía a los inmigrantes menores de 31 años que arribaron antes de junio de 2007 evitar la deportación y obtener un permiso de trabajo. Hasta el momento más de 600 mil inmigrantes jóvenes se han beneficiado con la medida, que pudiera ampliarse si, por ejemplo, se elimina el tope de edad.

Pero las medidas de Obama no incluirían a los hijos de esos jóvenes inmigrantes. Tampoco incluiría las protecciones especiales para los trabajadores agrícolas que reclama el sindicato United Farm Workers, aunque las disposiciones del plan permitirían a unos 250 mil trabajadores del sector obtener permisos laborales, según Giev Kashkooli, director nacional de políticas legislativas del sindicato.

Ninguno de los beneficiarios tendría un camino hacia la ciudadanía, y cuando Obama termine su mandato el nuevo presidente podría derogar esas medidas. Además, el plan de Obama no les otorgaría beneficios federales tales como los créditos impositivos del seguro de salud.

Oposición republicana

El paquete de medidas de Obama enfrenta la férrea oposición republicana, que esgrime que con esta acción unilateral el presidente sobrepasa los poderes que tiene atribuidos.

La bancada republicana, que en las últimas horas ya se ha referido a Obama como "emperador" y "monarca", se debate sobre la dimensión de su contraataque tras este anuncio presidencial.

Por un lado están los que piden llegar a máximos y usar la llave de presupuestaria para forzar una nueva parálisis administrativa del Gobierno federal como la del año pasado; por otro los que se inclinan por bloquear cualquier fondo destinado a implementar las medidas del presidente.

Por su parte,el gobernador de Texas, Rick Perry, anunció que su estado "probablemente" demandará a la Administración de Barack Obama por las medidas ejecutivas sobre migración que anunciará el presidente, con las que se podría evitar la deportación de cinco millones de indocumentados.

"Creo que es una posibilidad muy real", dijo Perry preguntado por esa eventualidad durante un encuentro de gobernadores del Partido Republicano en Boca Ratón (Florida).

El gobernador, que dejará su cargo el próximo 20 de enero y suena como potencial aspirante a la Presidencia de Estados Unidos en 2016, lamentó que Texas haga una inversión "extraordinaria" de cerca de 12 millones de dólares al mes en seguridad fronteriza para prevenir la llegada de indocumentados.

Las declaraciones de Perry van en la misma dirección que las del gobernador electo y actual procurador general de Texas, el también republicano Greg Abbott, quien será el encargado de interponer la demanda.

"Será mi demanda número 31 contra él antes de dejar la oficina", dijo Abbott esta semana.

"Debemos reconocer, una vez más, que tenemos un presidente que se niega a cumplir con la Constitución", agregó.

Uno de los motivos por los que el gobernador electo se opone a las medidas que impulsará Obama es la "preocupación" de que desemboquen en una "nueva ola de actividad" migratoria, como la vivida en los últimos meses.