Suspensión provisional a construcción de hidroeléctricas

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río ordenó al juez décimo séptimo de Distrito en Xalapa la suspensión provisional para la construcción y operación de tres hidroeléctricas de la compañía que respaldaba a la Hidroeléctrica Impulsa Generación Responsable (IGR), dentro de los márgenes del río Bobos, lo que abre la posibilidad de frenar los 112 proyectos de presas en Veracruz.

Héctor Colio Galindo, señalo que dentro del juicio de amparo indirecto 1697/2014 promovido por pobladores de Jalacingo, se dictó suspensión de tres mini hidroeléctricas PH1, PH3 y Ocampo-Cuetzalín, ubicadas en ese municipio, hasta en tanto cause ejecutoria, la sentencia que se dicte en el juicio de amparo.

De acuerdo a la justicia federal, “la suspensión evitará que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional”.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río, Veracruz, informa que dentro del juicio de amparo 1697/2014 y basado en el principio in dubio pro natura, estimó fundada la queja interpuesta contra la negativa de suspensión solicitada por integrantes de comunidades indígenas del estado de Veracruz y límites con Puebla, en relación con la construcción y operación de tres mini centrales hidroeléctricas en el municipio de Jalacingo.

Por tanto, Colio Galindo señalo que quedó sin efecto la resolución de un juez de Distrito en la que había negado la suspensión, considerando sustancialmente que no se advertía la afectación o menoscabo ecológico en la población donde habitaban, puesto que dichos proyectos de construcción y operación de mini centrales de hidroeléctricas habían sido valorados mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

El comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señala que el principio in dubio pro natura (principio de prevención en favor de los recursos naturales) adoptado por los magistrados, establece que si existe peligro o amenaza de daños graves o inminentes sobre elementos de biodiversidad, la ausencia de certeza científica, no es obstáculo para dictar medidas que conserven el medio ambiente.

Con esta resolución el Tribunal Colegiado hizo valer el principio de que “toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, y que el Estado es el responsable de garantizar este derecho, protegido en la Constitución y establecido por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El fallo da la esperanza es que se otorgue el amparo definitivo y representaría un precedente para que las 112 presas en el estado de Veracruz no se lleven a cabo”, dijo el integrante de la Alianza para la Defensa de la Naturaleza y los Derechos Humanos de la Cuenca de los Ríos Bobos, Nautla, Misantla y Tecolutla.