Sancionarían a quienes simulan, para no otorgar alimentos a sus hijos

Castigar con hasta tres años de cárcel y sanción económica de 100 días de salario mínimo a los padres que renuncien a su empleo, soliciten licencia sin goce de sueldo o alteren sus ingresos para evadir las obligaciones económica o de dar alimentos a sus hijos, propuso el diputado Raúl Zarrabal Ferat, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Tercer Año de labores de la LXIII Legislatura del Estado.

A través de una Iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, pidió incorporar estos supuestos al delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos y abandono de familiares, contemplado en el capítulo II del Código Penal de la entidad.

Además, se adicionaría un artículo para imponer sanciones a los patrones que no informen sobre los ingresos del deudor alimentario, no lo hagan dentro del término establecido por la autoridad judicial u omitan hacer el descuento ordenado. En este caso se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario mínimo.

Zarrabal Ferat indicó que una de las causas que más vulneran el derecho de las niñas y niños a recibir alimentos, es el incumplimiento de quien tiene la obligación de darlos. Según estadísticas, en nuestro país tres de cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y cerca de 6 millones de mujeres son madres solteras.

El Código Civil de Veracruz, en su artículo 239, señala que los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, pero respecto de los menores, comprenden también los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados con sus circunstancias personales.

El Diputado explicó que los deudores alimentarios hacen hasta lo imposible por evadir su obligación, sobre todo de padres a hijos: “Hemos visto casos de padres que renuncian a su empleo, piden licencia sin goce de sueldo o se ponen de acuerdo con sus jefes, para que se informe a la autoridad que ganan mucho menos de lo que en realidad perciben, para otorgar pensiones alimenticias irrisorias que no cubren el mínimo de necesidades básicas de un menor”.

La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, considera inadmisibles estos casos de simulación, pues deja en la indefensión a niñas, niños y adolescentes que tienen el derecho de crecer y vivir en un ambiente armónico, adecuado para su desarrollo y en igualdad de oportunidades.