Modifica el Congreso disposiciones del Código Electoral del Estado

Para adecuar la legislación de la entidad a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pleno de la LXIII Legislatura local aprobó por unanimidad, con 43 votos a favor, el Dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Electoral del estado, con base en dos iniciativas de diputados locales.

Puesto a consideración por las Comisiones Permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales, y De Organización Política y Procesos Electorales, el Dictamen determinó tomar como base las iniciativas de los diputados Juan Manuel Velázquez Yunes, Juan Eduardo Robles Castellanos, Juan René Chiunti Hernández y Francisco Garrido Sánchez, así como la de Cuauhtémoc Pola Estrada.

De acuerdo con el resolutivo, se estimó viable –consigna el documento– que una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial cuente con los recursos para contratar personal y adquirir o usar bienes muebles e inmuebles, se reasignen al Poder Judicial los que temporalmente se previeron para su funcionamiento.

Para respetar los derechos laborales del personal, la transferencia se realizará en los términos de los nombramientos respectivos. Con ello, el Tribunal Electoral –en ejercicio de su autonomía– estaría en condiciones de contratar libremente al personal necesario para su funcionamiento, con la posibilidad, incluso, de recontratar a quienes considere pertinente de entre los actuales servidores públicos.

A través del artículo transitorio decimosexto y para dar cumplimiento a la Ejecutoria de la SCJN, se modifica el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado –Ejercicio Fiscal 2015–, para otorgar una partida presupuestal al Tribunal Electoral del Estado, correspondiente a 4.16 millones de pesos y garantizar su plena operación y funcionamiento durante el resto del año.

El Decreto del Presupuesto de Egresos para 2016 deberá prever la partida correspondiente al Tribunal Electoral del Estado, que considere un monto suficiente para sufragar el uso y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles, y la contratación de servidores públicos y demás personal, necesarios para su operación y funcionamiento.

Esta adecuación también deroga diversas disposiciones que la Corte determinó como inválidas, por lo que no tendría sentido tenerlas en la legislación, al no ser aplicables.

En la etapa de posicionamientos, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Domingo Bahena Corbalá se pronunció en favor del Dictamen, porque acata lo que la SCJN determinó en relación con invalidar diversos artículos: “Obtuvimos una respuesta favorable de la Corte y hoy se ajusta este Código, para evitar invadir competencias”.