Propone Diputado crear Unidad de Control Patrimonial
+Sería un organismo autónomo encargado de seguir la investigación y consignación de quienes cometan delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conflicto de intereses
Congreso
COMUNICADO - 2015-12-17
Para dar seguimiento a la investigación y consignación de quienes cometan delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conflicto de intereses, el diputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo, secretario de la Comisión Permanente de Gobernación de la LXIII Legislatura del Estado, propuso crear la Unidad de Control Patrimonial, como organismo autónomo.
Advirtió que la corrupción es un tema de seguridad nacional que debilita la democracia y el consenso del sistema político mexicano, provocando una crisis de gobernabilidad. Este organismo autónomo vigilaría e investigaría propiedades, contratos y demás bienes adquiridos o resultado de una administración pública fraudulenta.
Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto
–enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales– adiciona la Fracción VI al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, y se adhirieron a ella los diputados locales Ricardo Ahued Bardahuil, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Jesús Vázquez González, Francisco Garrido Sánchez, Juan Alfredo Gándara Andrade, Francisco Garduza Mazariegos, Leandro Rafael García Bringas, Cuauhtémoc Pola Estrada y David Velasco Chedraui.
Marco Antonio del Ángel se congratuló por la reciente aprobación, en un primer periodo ordinario, para crear el Sistema y Fiscalía Estatal Anticorrupción: “Ahora es momento de generar las herramientas técnicas que hagan factible desmembrar una organización criminal entera y dar autonomía a un órgano de control patrimonial con atribuciones para emprender acciones que deriven en la procedencia de delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y conflicto de intereses”.
Propuso que en este órgano participe el Congreso del Estado, a través de una comisión, y reafirmó que, al no existir una instancia autónoma que vigile y recabe información sobre operaciones y transacciones reales, como la compraventa de propiedades y acumulación inusual de riqueza, “se seguirá protegiendo a los delincuentes políticos y a sus cómplices del el sector privado, que hoy viven en la impunidad”.
Citó que de acuerdo con datos de Transparencia Mexicana, el año pasado nuestro país fue el peor evaluado en materia de corrupción y se ubicó en el último lugar entre las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y dijo que según el Instituto Mexicano de la Competitividad, la corrupción genera pérdidas anuales mayores a seis billones de pesos, es decir, 34 por ciento del PIB.