Aprueba Congreso Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014

La LXIII Legislatura local aprobó el Dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014 de los entes fiscalizables del estado, en el que se detectó un presunto daño patrimonial en 46 ayuntamientos por un monto de 116 millones 963 mil 192.83 y en una dependencia, 3 organismos públicos descentralizados y un fideicomiso por un monto de 47 millones 27 mil 183.40.

En la décima segunda sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno avaló con 47 votos a favor y la abstención del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, este Informe, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) que resume las actuaciones que fundan y motivan la determinación de las observaciones y recomendaciones en la gestión financiera de los entes fiscalizables.

De los 48 ayuntamientos con presunto daño patrimonial, los responsables de la administración de Martínez de la Torre y Soconusco solicitaron a la Comisión Permanente de Vigilancia (instancia dictaminadora) les fuera recibida la documentación para valorar la comprobación que no hicieron ante el ORFIS. La comisión lo determinó viable y avaló sus cuentas públicas.

Por lo tanto se determinó que en 46 ayuntamientos se advierten 179 observaciones por un monto de 116 millones 963 mil 192 pesos que adquieren el carácter de presunto daño patrimonial y un posible desvío de recursos. Esto da a lugar a la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones contra los responsables.

Los ayuntamientos son Acultzingo, Agua Dulce, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Cerro Azul, Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Coacoatzintla, Coatepec, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, Coxquihui, El Higo, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Las Choapas, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, Nogales y Omealca.

También Ozuluama, Playa Vicente, Pueblo Viejo, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamalín, Tampico Alto, Tecolutla, Tierra Blanca, Tlachichilco, Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Villa Aldama y Zozocolco de Hidalgo.

En los que también se detectó un presunto daño patrimonial fue la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) con 14 millones 531 mil 229 pesos; los Institutos tecnológicos de Acayucan, 5 millones 866 mil 468 pesos, y el de Naranjos con 113 mil 639 pesos, y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con 25 millones 623 mil 840 pesos.

Al Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Garantía denominado Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER) se le encontró un presunto daño patrimonial por 892 mil 5 pesos.

Para el resto de los entes fiscalizables como la Universidad Veracruzana, los poderes Ejecutivo y el Judicial, así como diversos institutos y fideicomisos no se detectó la existencia de presunto daño patrimonial, pero si inconsistencias de índole administrativos que deberán ser atendidas por sus respectivos órganos de control interno.

De acuerdo a la ley en los casos donde se detectó presunto daño patrimonial se instruyó al ORFIS inicie la fase de determinación de fincamiento de responsabilidades y sanciones en contra de quienes presumiblemente afectaron la hacienda pública estatal.

Posicionamientos:

En los posicionamientos, el diputado del Partido Alternativa Veracruzana (AVE) y presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez subrayó que los miembros de esta instancia revisaron este informe para abonar a la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en la entidad.

Sostuvo que conocer en qué y cuando fueron aplicados los recursos es un derecho de los gobernados y resulta una obligación para cualquier gobierno transparentar esta acción. Se debe castigar a los culpables que por omisión o cualquier otra índole hicieron mal uso de los recursos del erario, añadió.

Por el Partido Acción Nacional (PAN) el diputado Jorge Vera Hernández dijo que el poder legislativo no debe perder de vista que la fiscalización de los recursos públicos es un papel importante para responder a la confianza de los veracruzanos.

Necesitamos ir más allá para cambiar los formatos y conocer con mayor precisión el uso y destino de los recursos públicos. Se requiere un informe estructurado que no dé lugar a dudas sobre los resultados, manifestó.

Al participar en la discusión en lo general, el diputado Julen Rementería del Puerto manifestó que la revisión del Informe no permitió un análisis profundo, por ello enviaron al ORFIS 329 preguntas respecto a 70 entes fiscalizables y que obtuvieron respuesta pero –calificó- como limitadas.

Se requiere un apartado para sancionar las malas prácticas gubernamentales. Exhortó a las dependencias que no actualizaron su información contable para corregir de inmediato esta falla, concluyó.