Con nueva legislación, Congreso garantiza orden y eficiencia en las políticas públicas

Fortalecer la rendición de cuentas, agilizar y hacer más eficiente la fiscalización de los entes que manejan recursos públicos, contribuir al desarrollo de infraestructura en el estado y darle al ciudadano mayor participación e injerencia en el diseño de políticas públicas, son algunos de los logros obtenidos por la LXIII Legislatura a partir de diversas reformas e iniciativas de ley.

Tal es el caso de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que permite aplicar capital privado en obras y servicios prestados por el Gobierno, como es la construcción y operación de carreteras y puentes; sistemas de transporte masivo y de agua potable y saneamiento, y en la construcción y administración de puertos y aeropuertos e infraestructura para generar energía eléctrica o desarrollo urbano.

En materia de rendición de cuentas, este Congreso redujo a menos de un año los tiempos de revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los entes fiscalizables de la entidad.

Ahora la ley marca que los municipios deberán presentar al Congreso sus cuentas públicas durante enero del año que corresponda y los demás entes tendrán como plazo hasta el último día de marzo.

Con ello, los veracruzanos podrán conocer en menos tiempo la información de cómo y en qué fueron gastados los recursos públicos.

Resultado de esta iniciativa, el Congreso del Estado determinará las responsabilidades de los entes fiscalizables a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al que corresponda la cuenta pública, con base en el Informe de Resultados que presente el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Aunado a esto, las diputadas y diputados adecuaron la Ley de Transparencia el 21 de enero de 2016 para crear en la entidad el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sustitución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), a fin de garantizar que el acceso a la información sea un derecho humano indispensable para la participación de la población.

El Instituto vigilará que los sujetos obligados cuenten con sus respectivas Unidades de Transparencia, como áreas administrativas responsables de hacer efectivos los derechos de acceso a la información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.

Tendrá como atribución denunciar ante las autoridades administrativas y ministeriales competentes, así como ante el Congreso del Estado, los incumplimientos de los sujetos obligados respecto de los deberes en la materia.

Nueva Ley de Transparencia

El 26 de mayo la Legislatura creó la nueva Ley de Transparencia, que considera que toda persona tiene derecho a obtener información, así como a consultar documentos y a obtener copia o reproducciones gráficas o electrónicas, simples o certificadas sin acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información pública.

Esta legislación facilita la rendición de cuentas de todo aquel órgano que utilice recursos públicos y establece multas que oscilan entre los 150 y mil 500 salarios mínimos a los sujetos obligados que incumplan con esta disposición.

Con esta ley, el Congreso veracruzano cumplió con la Ley General de Transparencia que mandata incorporar en las legislaciones estatales una ley que regule y garantice al ciudadano el libre acceso a la información pública.

En Veracruz escuchar al ciudadano y seguir su mandato es una prioridad, por ello el Congreso del Estado aprobó incorporar en la Constitución Política estatal la Consulta Popular y la Iniciativa Ciudadana como mecanismos de participación social.

Ahora, si un grupo de ciudadanos tiene el aval de por lo menos el 0.3 por ciento de la Lista Nominal de Electores podrá presentar iniciativas ante el Congreso del Estado o formular proyectos de ley para ser analizados y votados por esta soberanía.

Además, podrán solicitar la organización de consultas populares sobre temas de trascendencia para el estado si reúnen las firmas de al menos dos por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores.

Con ello, la Legislatura fortalece la democracia y amplía los espacios de participación de los ciudadanos en el diseño de políticas públicas, en la construcción de normas y en la evaluación del quehacer gubernamental, pues a partir de esta reforma a la Constitución local el presentar iniciativas ya no es facultad exclusiva de los diputados o el Ejecutivo estatal.

Menos burocracia

En materia de políticas públicas, la LXIII Legislatura aprobó crear la firma electrónica avanzada, que simplifica y agiliza trámites y procedimientos administrativos entre el Ejecutivo estatal, sus dependencias, ayuntamientos y particulares, ya que equivaldrá a la firma autógrafa.

Con esta herramienta mejora la gestión pública y la transparencia en la rendición de cuentas, disminuye la carga administrativa y hace más sencilla la interacción entre gobierno y ciudadanos.

Orden en Notarías del Estado

El Congreso veracruzano creó la nueva Ley de Notariado, que define las funciones, derechos y obligaciones de los notarios, quienes deberán sujetarse a una tarifa oficial para el cobro de sus honorarios, pertenecer al Colegio, autorizar testamentos en caso de urgente necesidad, aunque no hayan recibido pago alguno, y tener su propio sello, registrado en la Dirección General.

Además, prohíbe el cambio de domicilio de una Notaría a otro municipio diferente para el que fue creada y establece las 21 demarcaciones notariales de la entidad.