La jueza federal Sarah Evans bloqueó ayer algunas partes de una nueva y estricta ley migratoria en el estado de Indiana, accediendo así al reclamo que realizaran organizaciones civiles.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), mediante su filial en Indiana, y el National Immigration Law Center demandaron en mayo al estado, al señalar que la SEA 590 da a la policía poderes amplios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos. La oficina del secretario de Justicia del estado argumentó que esos temores resultaban exagerados, pero Barker había señalado que le preocupaba la forma en que los agentes harían que se cumpliera la nueva ley.
La legislación incluía una parte que prohibiría a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de identidad. La ACLU señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten la expedición de esas cédulas.
México aplaude resolución
El gobierno de México reconoció la decisión de la Corte de Distrito del sur de Indiana, Estados Unidos, de suspender provisionalmente la entrada en vigor de diversas disposiciones de la ley SEA 590.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que “las secciones suspendidas podrían propiciar la aplicación selectiva de la ley y sancionarían el uso cotidiano de la matrícula consular como prueba de identidad”. Por ello, el gobierno mexicano presentó ante la corte de Indiana un escrito como “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), al que se sumaron los gobiernos de Brasil, Colombia, El Salvador y Guatemala.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación por la nueva ley de inmigración aprobada en Alabama y pidió a EU que modifique ésta y otras leyes, como la SB1070 de Arizona, aprobada el pasado año, para que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.
La HB56 de Alabama establece, entre otros aspectos, que cuando un policía o agente de seguridad estatal detenga o arreste a una persona, puede verificar la ciudadanía y situación migratoria de aquellas personas de las que se tenga una “sospecha razonable” de que son extranjeros y están ilegalmente en EU.
La CIDH advierte en un comunicado que esta ley, promulgada el 9 de junio, no da una definición de lo que significa “sospecha razonable”, lo que puede conllevar a la utilización de “perfiles raciales” y conlleva “un alto riesgo de discriminación”. La HB56 obliga a los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria a aclarar el estatus migratorio de los estudiantes extranjeros o hijos de extranjeros. Además, penaliza actividades relacionadas con inmigrantes indocumentados, como transportarlos, darles alojamiento o alquilarles vivienda.
Por otra parte, decenas de organizaciones civiles, incluyendo la ACLU, Amnistía Internacional, el Comité de Servicios Amigos de las Américas y decenas de grupos de los estados fronterizos con México, demandaron al Congreso de EU investigar los casos en que patrulleros fronterizos han disparado contra inmigrantes que supuestamente les lanzaron piedras, registrados en los últimos años.
“No es aceptable que la Patrulla Fronteriza use la fuerza letal para confrontar a personas que les arrojen (a los agentes) piedras. El uso de la fuerza debe ser una acción de último recurso y sólo cuando está presente un riesgo inminente de muerte”, indicaron en una misiva.
En Arizona, en tanto, autoridades confirmaron ayer que fueron blanco de un grupo de hackers, LulzSec, que sustrajeron documentos “delicados”, ligados a operaciones de patrullaje fronterizo y contra terrorismo y que empezaron a ser divulgados la noche del jueves. (Con información de Silvia Otero)
