De seis a ocho años de prisión para quien robe equipo de escuelas, avala Congreso.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que reforma la fracción III del artículo 205 del Código Penal para establecer que se impondrán de seis a ocho años de prisión y multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien sustraiga el mobiliario o equipo de una escuela, impidiendo el desempeño de funciones.

Esta reforma fue aprobada con 33 votos a favor de diputados del PAN, PRI, PRD, Juntos por Veracruz, Nueva Alianza y del PVEM. Se registraron 11 votos en contra (de MORENA) y no hubo abstenciones.

Este dictamen es resultado de la iniciativa que presentó el pasado 11 de Julio el diputado Bingen Rementería Molina en la que subrayó que el hurto de materiales con que cuenta una escuela debe ser reprendido con especial cuidado, pues dichos robos obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al anunciar su voto en contra del Dictamen, la diputada de MORENA, Águeda Salgado Castro expuso que el aumento de la pena no disminuirá la actividad delictiva; por lo que debe cuestionarse a las autoridades respecto a la seguridad pública y exhortar a que den resultados en todo el territorio.

Aprueban la participación ciudadana en asignación de presupuesto municipal.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó –en su segundo periodo ordinario de sesiones- el decreto por el que se modifica el artículo 15 de la Constitución Política del Estado para establecer que es derecho de los ciudadanos el participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en su municipio.

Resultado de la iniciativa que presentó la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos el 17 de noviembre de 2016, el Pleno aprobó con 43 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones, esta modificación que prevé el presupuesto participativo.

Dotan a las autoridades municipales de mayores atribuciones

Por otra parte también fue aprobado el decreto –en su segundo periodo ordinario de sesiones- que reforma diversas disposiciones de la Carta Magna para establecer que el Congreso del Estado tendrá la atribución para autorizar a los ayuntamientos la celebración de convenios de coordinación con municipios de otras entidades federativas, así como con el Estado.

En este último caso cuando tengan por objeto lo señalado en las fracciones III y X del artículo 71 de esta Constitución y aquellos por los que el Estado se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, y las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Este decreto fue aprobado con 46 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Al ser aprobados en su segundo periodo ordinario de sesiones, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura instruyó remitirse a los 212 ayuntamientos para su consideración y de avalarlo al menos 107 el Congreso hará la declaratoria respectiva y se enviarán dichos decretos a la Gaceta Oficial del Estado para su publicación y por ende entrada en vigor.