Respalda diputada María del Rocío Pérez a los taxistas de la entidad

La diputada Rocío Pérez Pérez, representante del Grupo Legislativo de MORENA se pronunció en torno al programa de reordenamiento y regulación vehicular y la problemática que enfrentan los concesionarios taxistas en el Estado en razón del crecimiento desmesurado en los últimos años.

Abundó en el impacto económico que han tenido los taxistas por el aumento en los precios de gasolina, dentro de otros gastos como la tarjeta anual de identificación como operador de transporte público que afectan sus bolsillos.

Por lo que exhortó al Gobierno estatal para extender el plazo para el reordenamiento vehicular, ya que sólo se cuenta con 10 módulos para los 212 municipios, por lo que se debe bajar el costo del reordenamiento y la vigencia del mismo; implementar el número de módulos en el estado y cesar los operativos recaudatorios donde se sanciona y levanta a la unidad mediante grúas por no haber realizado el reordenamiento.

La legisladora también presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo del Estado para que a través de las áreas encargadas de procurar y defender al medio ambiente en la entidad y a las dependencias federales a que actúen en la conservación y restauración de los ecosistemas terrestres, marinos y humedales, principalmente en la reserva ecológica de Tembladeras Laguna-Olmeca en los municipios de Boca del Río y Medellín.

En tribuna explicó que Veracruz cuenta con 116 mil hectáreas de estuarina, concentrando al menos a 90 lagunas y 40 ríos conformando 12 grandes cuencas hidrológicas.

Expuso que los humedales juegan un papel importante para el ser humano dando fuentes de agua dulce, produciendo especies vegetales y animales, evitando inundaciones, ya que actúan como esponjas que almacenan y liberan poco a poco el agua.

Pérez Pérez hizo un llamado a las autoridades de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y al Ejecutivo del estado para que a través de la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente se castigue a quien realice obras o actividades que afecten el ambiente y sean obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.