2017, pasará a la historia con más ex mandatarios estatales señalados por delitos

A Geño el destino lo alcanzó haciendo una de las actividades que más ama. Conducía una motocicleta BMW GS Adventure 1200 sobre las calles de Ciudad Victoria, tenía planeado salir a carretera. Era la mañana del viernes 6 de octubre cuando elementos de la Policía Investigadora lo detuvieron por la presunta apropiación ilegal de un terreno. Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas (2005-2010), fue el cuarto mandatario estatal llevado a prisión en lo que va del año.

Con un total de siete ex gobernadores en la cárcel (tres detenidos en años anteriores), uno prófugo y cinco con procesos abiertos, el 2017, año en que arranca el proceso electoral federal más grande de la historia del país, pasará a la historia con más ex mandatarios estatales señalados por delitos como corrupción, desvíos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y hasta nexos con la delincuencia organizada. Este año, también quedaron en prisión cinco presidentes municipales y dos ex alcaldes, otros 70 están bajo investigación.

Roberto Borge, de Quintana Roo, fue aprehendido en Panamá; se le imputa probable responsabilidad en operaciones con dinero de procedencia ilícita, entre otros.

En lo que respecta a ex gobernadores, la lista comenzó el 19 de abril con Tomás Yarrington Ruvalcaba, de Tamaulipas (1999-2005), arrestado en Florencia, Italia, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Seis días después fue detenido en un hotel de Guatemala, Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz (2012-2016), acusado de desvío de recursos por 35 mil millones de pesos. Acumula otros delitos, como delincuencia organizada y lavado de dinero. El 5 de junio, Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo fue aprehendido en Panamá. Enfrenta acusaciones por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con dinero de procedencia ilícita, peculado, desempeño irregular de las funciones y aprovechamiento ilícito del poder.

A diferencia de los tres primeros, detenidos mientras se ocultaban en países extranjeros, Eugenio Hernández fue arrestado en el estado que gobernó. El delito que inicialmente le imputaron no era grave, y sus cercanos calculaban que en pronto quedaría libre. Conforme pasaron los días, su situación se complicó; la Fiscalía Anticorrupción le fincó 15 delitos más y Estados Unidos pide su extradición, para ser juzgado por lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, fue detenido el 9 de abril en Italia, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Geño podría no ser el último ex gobernador detenido en 2017, ya que se han girado 11 órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016), quien es buscado tanto por las autoridades estatales y por la PGR para que responda por diversas causas penales relacionadas al delito de peculado, así como ilícitos en materia electoral al haber desviado recursos a campañas políticas del PRI.

Los ex gobernadores detenidos este año se suman a otros tres procesados en años anteriores; Andrés Granier Melo de Tabasco, en prisión desde el 26 de junio de 2013, acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado por un monto de 2 mil 300 millones de pesos; Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán, arrestado el 5 de abril de 2014, por presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios, y Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora (2009-2015), que el 10 de noviembre de 2016, se entregó a las autoridades por las órdenes de aprehensión en su contra por el delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de precedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares por medio de una empresa fachada con sede en Holanda.

Cinco ex mandatarios más han librado la cárcel pero enfrentan proceso en libertad; Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes,(2004-2010), acusado de peculado y ejercicio indebido del servicio público; Marcos Covarrubias de Baja California Sur, investigado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión (2011-2015); Mario Anguiano, de Colima, que enfrenta tres investigaciones penales, dos de ellas a nivel federal, por presunto daño al erario por al menos mil 867 millones de pesos y, Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León (2009-2015), a quien se atribuye un daño patrimonial de tres mil 680 millones de pesos.

En Nayarit la actual administración ha documentado presuntas irregularidades por 2 mil 700 millones de pesos cometidas por el gobierno del priísta Roberto Sandoval Castañeda, y solicitó al Congreso local iniciar un juicio de procedencia. Además, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de la PGR inició una averiguación en su contra por enriquecimiento inexplicable.

Alcaldes, por el mismo camino

La mañana del 31 de marzo, la noticia fue: Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR detuvieron a la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo La Loba, por el presunto delito electoral. Siete horas después obtuvo su libertad y advirtió que interpondría una denuncia penal contra Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por abuso de autoridad y violar su fuero constitucional. En el transcurso del año se documentaron al menos 20 casos de ediles en funciones acusados de diversos ilícitos. No pudieron ser llevados a prisión por contar con fuero constitucional. Sin embargo, en estados como Michoacán, Morelos y Puebla, donde los munícipes no gozan de inmunidad judicial, fueron detenidos cinco y dos ex alcaldes.

En este sentido, Tlaxcala, el estado más pequeño del país, encabeza la lista con más procesos legales contra ex alcaldes (28), por probable daño patrimonial durante su ejercicio de 2014 a 2016. El señalamiento pesa sobre ellos desde septiembre pasado cuando el Congreso estatal votó en contra de las cuentas públicas correspondientes al último trimestre de 2016, al concluir su cargo. Asimismo, la Fiscalía de Chiapas abrió expedientes penales contra 30 ex alcaldes, por no haber comprobado en “tiempo y forma” la cuenta pública; el Congreso de Puebla tiene abiertos 12 procedimientos en contra de igual número de ex presidentes municipales acusados de haber desviado recursos públicos del orden de los 135 millones de pesos y, en Nuevo León, un ex edil también es investigado.

Pero ni los gobernadores ni los ediles actuaron solos. Alrededor de ellos tejieron una red de empresarios y funcionarios, que los encubrieron y participaron de sus ilícitos. En los estados de Jalisco, Morelos, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, este año las Fiscalías Anticorrupción abrieron o investigan a unas 600 personas. Tan sólo en Sonora, hay 414 servidores públicos bajo investigación; al cierre del tercer trimestre de 2017, a 23 se les seguía proceso en libertad o amparados, 12 estaban prófugos y, se había citado a comparecer a mil 301, entre ellos ex secretarios de Estado.Con información de Corresponsales