Hace 2 años se llevaron a Iván, en Veracruz. Y la Fiscalía no sólo no ayudó: perdió el expediente

Ivan Yan Carlos Ibarias Soria tenía 21 años de edad cuando un grupo armado irrumpió su casa y lo privó de la libertad en Veracruz, durante el 2016. A dos años de los acontecimientos, la familia lo busca por sus propios medios ya que las autoridades no investigan el caso, pues primero traspapelaron la denuncia y después la perdieron, según acusaron familiares del joven.

La organización civil I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, junto con diez colectivos de familiares de personas desaparecidas, publicaron la semana pasado el documento “Sombra sobre la Situación de la Desaparición de Personas en México”, un informe alternativo que presentaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), en donde las organizaciones destacan su preocupación por la recurrente tendencia que tiene el Estado Mexicano en responsabilizar solo a los grupos del crimen organizado por la violencia y las desapariciones en el país, “evadiendo su responsabilidad frente al fenómeno, en particular su fallida estrategia de seguridad, falta de prevención del delito, participación directa de funcionarios públicos en los hechos u omisión de los agentes en investigar los hechos”.

El texto es una respuesta al informe que presentó Estado mexicano el 13 de febrero de 2018 sobre el seguimiento a las recomendaciones adoptadas en febrero de 2015 por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El documento destaca la impunidad que impera en el país en cuanto al delito de desaparición, pues en once años [del 1 de diciembre de 2006 a 31 de diciembre de 2017], sólo se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada y 12 de ellas son condenatorias, de acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial Federal.

LO SACARON DE SU CASA

Iván Yan Carlos tenía 21 años de edad, tenía la preparatoria trunca y trabajaba como fontanero junto a su padre.

El 9 de septiembre de 2016, cerca de las ocho y media de la noche, ocho camionetas llegaron a la colonia Juanita, en la comunidad de Tejería, que pertenece al municipio de Veracruz, donde Iván residía con su madre.

Sujetos fuertemente armados ingresaron al inmueble, lo sacaron, lo encañonaron y se lo llevaron a la fuerza. Al menos esa es la versión que vecinas le dieron a la familia, según relata Alma Gabriela Soria Aguayo, hermana de la víctima, en entrevista con SinEmbargo.

“Ellas [residentes] vieron todo; pero no nos quisieron ayudar, no quisieron decir nada [declarar oficialmente]. Sólo dijeron que lo sacaron de la casa, le apuntaron con un arma, pero no fue el único chico, en ese momento y ese día refieren que se llevaron a varios más”, platica la joven.
Los parientes de Iván no han tenido más información ni rastro de él; desde entonces que lo buscan sin cesar. “Él trabajaba, no tenían por qué llevárselo” comenta Alma Gabriela.

En México, sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se han registrado al menos 21 mil 602 desapariciones, 680 del fuero federal y 20,922 del fuero común, de acuerdo al informe de I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y colectivos de desaparecidos.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registra de manera oficial 35 mil 424 personas desaparecidas desde enero de 2014 al 31 de marzo de 2018: 34 mil 268 del fuero común y mil 156 del fuero federal.

PIERDEN LA DENUNCIA

María de Jesús Soria Aguayo, mamá de la víctima, y su familia acudieron a la Fiscalía de Veracruz a interponer la denuncia en cuanto se enteraron de la privación de la libertad de Iván Yan Carlos, platica Alma Gabriela, hermana del joven fontanero.

La madre fue citada días después para volver a declarar y levantar el acta porque habían traspapelado la primera denuncia, afirma la entrevistada.

“Desde el primer día mi madre denunció, el acta se traspapeló, pasó de manos, y se perdió. A los dos días le dicen a mi mamá que tiene que ir, buscaron el acta de la denuncia, el archivo, el número de expediente pero no lo encontraron y le volvieron a pedir [a mi mamá] que declara otra vez, que narrara todo de nuevo; le volvieron hacer las mismas preguntas, todo. La misma persona le hizo las mismas preguntas tantas veces, tantas veces. Después pasó a manos de otra licenciada, y así se perdió el caso”, denunció.
En Veracruz, los ministerios públicos de la Fiscalía estatal llevan en promedio 185.5 indagatorias asignadas de desaparición, de acuerdo con el informe “Sombra sobre la Situación de la Desaparición de Personas en México”.

El documento enfatiza que la impunidad en las desapariciones y si continuidad es por “las deficiencias de las instituciones de procuración e impartición de justicia, quienes en la mayoría de los casos carecen de autonomía, no tienen la voluntad, capacidad o recursos para investigar los delitos de violaciones graves a los derechos humanos o lo hacen de forma muy deficiente dan como resultado”.

Otro aspecto que destacan las organizaciones civiles es la falta de voluntad del estado para atender la crisis de desapariciones en el país. Pese al problema los recursos asignados a Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), disminuyeron 36.5 por ciento “de forma inexplicable en los últimos años”.

De 40.2 millones de pesos asignados en el 2014, pasó a 14.7 millones en 2015: 36.5 por ciento menos; en el año 2016, el recurso destinado fue de 28.1 millones y en el 2017 de 26.2 millones en el 2017.

“La falta de recursos financieros ha sido un elemento clave que ha dificultado la implementación de mecanismos exitosos de búsqueda e investigación por parte de la institución y es muestra de la falta de voluntad política para atender estos casos”, detalla el estudio.
“Al 31 de diciembre de 2017, la FEBPD contaba con sólo 37 ministerios públicos y 859 casos en trámite que reúnen un total de 1 mil 535 víctimas (222 mujeres y 1309 hombres)” abunda.

Alma Gabriela Soria destaca que la familia optó por buscar a su hermano cuenta propia ante la burocracia, las largas e inacción de los cuerpos policiacos y funcionarios de Gobierno. Incluso, acusa, trataron de ahuyentarlos para evitar que buscarán a su ser querido.

“Cuando mi mamá volvió a ir, otra vez ya no encontraban el archivo [la carpeta de investigación]. Las autoridades de Veracruz no hacen nada. De hecho, una de las personas de ahí le dijo a mi mamá que ya no buscara [a su hijo]; que mejor y por el bien de ella se fuera de Veracruz”, dice Alma Gabriela Soria Aguayo, hermana de la víctima.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta sólo 726 personas desaparecidas en Veracruz, 202 del fuero federal y sólo 524 del fuero común; sin embargo, colectivos afirman que son muchos más.

La información que muestra el Gobierno federal sobre los desaparecidos contrasta con el número de fosas clandestinas halladas en Veracruz. Sólo en ese estado del sureste mexicano se encontraron 343 fosas clandestinas durante 2017, y ahí se hallaron225 cuerpos, 335 cráneos y más de 30 mil 693 restos o fragmentos corporales. Los datos a nivel nacional dicen que de las mil 588 fosas clandestinas ubicadas [desde de enero 1 de diciembre de 2006 hasta junio de 2017] en 23 estados del país se ha hallado con 2 mil 674 cuerpos y unos 11 mil 400 restos o fragmentos.