Solicita diputada Rocío Pérez detalles de la estrategia de seguridad en Veracruz

La diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó un Anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe a esta Soberanía el estado actual del sistema y estrategia de seguridad en la entidad, así como un detalle del costo de las compras de equipos de video-vigilancia, renta de aeronaves, empresas que participan en la licitación y las erogaciones por concepto de mantenimiento o desarrollo de la aplicación “Emergencia Ciudadana Veracruz”.

En la octava sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la legisladora también solicita al Gobernador, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informe el número de contrataciones que habrán de realizarse, así como las áreas que incrementarán plantillas labores y a partir de cuándo, así como las erogaciones que habrán de realizarse por dichas contrataciones.

La diputada Rocío Pérez subrayó que, el 22 de octubre de 2017, fue anunciada la instalación de seis mil 476 cámaras de video-vigilancia y que se colocarían en toda la entidad, aunado al señalamiento que los 180 dispositivos que actualmente se encuentran trabajando no son los suficientes para salvaguardar la integridad de todos los veracruzanos.

De esta manera, se incrementaría la capacidad actual del Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Región Xalapa y Subcentros Pánuco, Poza Rica, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Fortín de las Flores e inclusive habría la construcción de un C5 en Veracruz, independiente del que ya se encuentra allá, expuso.

Destacó que el homicidio doloso creció en Veracruz tomando como base las cifras de febrero del presente año, cuando hubo 110 casos. En marzo de este año se registraron 141. En esa casilla se puede hablar de un incremento de casi 30 por ciento y más de la mitad de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.

De acuerdo a la diputada no hay orden ni estrategia en las políticas públicas en materia de seguridad, por lo que debe revisarse y transparentarse el uso de los recursos, tanto humanos como financieros.