El saldo de Tierra Blanca

Tras los hechos del pasado 11 de enero en Tierra Blanca, donde 5 jóvenes fueron desaparecidos en un hecho que involucra a elementos de la policía estatal y a integrantes de la delincuencia organizada; y luego de la enorme presión de los partidos políticos, sectores locales e, incluso, de la iglesia católica, que exigen la salida de Arturo Bermúdez Zurita de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, este lunes el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prácticamente se vio obligado a pronunciarse en torno a dicho tema.
El ejecutivo dio un espaldarazo a su secretario de seguridad, a pesar de que el tema de Tierra Blanca volvió a ubicar a Veracruz en la lista de las entidades que se encuentran en la mira nacional debido a hechos violentos.
Guardadas las proporciones, el pasado 11 de enero, Veracruz tuvo a su Ayotzinapa en Tierra Blanca, zona caliente que tiene límites territoriales con el estado de Oaxaca; recordamos que en septiembre de 2014, hace 16 meses, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de ese lugar fue atacado por un comando armado, con la presunta colaboración de elementos de la policía municipal de Iguala, con un saldo oficial de 9 muertos, 17 lesionados y 41 desaparecidos.
En Veracruz no son 41, sino cinco jóvenes desaparecidos; fueron de paseo al puerto de Veracruz y, de regreso a su tierra natal, Playa Vicente, al pasado por Tierra Blanca fueron interceptados por elementos de la policía estatal. Después de eso, nada más se supo de ellos. Presuntamente, habrían sido entregados a la delincuencia organizada. El caso es que, de manera oficial, no hay rastro de los jóvenes, víctimas de la desaparición forzada.
Las investigaciones de la fiscalía veracruzana derivaron en la captura de elementos de la policía estatal; hay siete consignados, a los que ya se les dictó auto de formal prisión.
En su conferencia de este lunes, Duarte de Ochoa también informó que hay otros tres detenidos, presuntos integrantes de una banda criminal, que habrían sido trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, que depende de la PGR.


Hay detenidos, pero no rastro de las víctimas
Sin embargo, a pesar de que las indagatorias llevan 14 días y de que hay, en total, 10 personas detenidas, entre los tres que fueron trasladados a la Seido y los siete policías que también se dedicaban a delinquir, con el delegado incluido, no hay indicios del paradero de los jóvenes de Playa Vicente, cuyas familias exigen el esclarecimiento del caso.
Este lunes, desde muy temprano, familiares de personas desaparecidas se apostaron en los accesos a la Fiscalía General del Estado, para plantear la necesidad de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, presente su renuncia al cargo y que la Federación designe, en su lugar, a un comisionado especial.
Lo que piden, en síntesis, es que las instancias de seguridad del gobierno federal tenga una mayor presencia en Veracruz y que sean éstas las responsables de la búsqueda de las personas desaparecidas, en virtud de que no confían en las autoridades locales. Tienen razón, ¿cómo depositar su confianza en dependencias que ya han dado muestras de ineficiencia o, en el peor de los casos, como ahora, en elementos policiacos que evidentemente han sido corrompidos, penetrados, por la delincuencia?.
A ese problema, que no ha tenido solución ni más respuesta que la captura de los presuntos implicados, pero no la presentación de las víctimas de esta desaparición forzada, se deben los pronunciamientos de diversos sectores sociales y políticos que exigen la renuncia o el cese de Bermúdez Zurita de una dependencia que ha quedado en entredicho debido, entre otras cosas, a que uno de los delegados está detenido por esos hechos.


Piden la cabeza de Bermúdez
Las voces que se han manifestado por un cambio en la dependencia que al menos en teoría es responsable de la seguridad de los veracruzanos incluyen a partidos políticos, como Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. También hay legisladores locales y federales; el senador Fernando Yunes, por ejemplo, promovió un punto de acuerdo para que la Cámara Alta exhorte a la Secretaría de Gobernación para que nombre a un comisionado federal en materia de seguridad en Veracruz.
Hasta la iglesia católica, a través de la Arquidiócesis de Xalapa, se ha pronunciado con relación al papel del gobierno estatal y ha expresado, a través de sus voceros, que es necesario un cambio en Seguridad Pública, debido a que no hay resultados y la población tiene miedo.
A pesar de todas esas expresiones, el mensaje de este lunes del gobernador Javier Duarte es claro: difícilmente habrá cambios en la dependencia.
Lo cierto es que el próximo gobernador de Veracruz tendrá, como dijo el priista Héctor Yunes, que “limpiar la casa” y para ello deberá comenzar por los cuartos más sucios, el de seguridad y el del manejo del dinero. @luisromero85