Acaba incertidumbre de egresados de la UPAV

El siguiente texto lo publiqué en “Prosa aprisa” del 18 de julio de 2011, hace poco más de cinco años. Porque lo considero vigente y porque el tema volvió al interés público, lo retomo:
“Entre tantas malas noticias –lluvias, inundaciones y damnificados, carreteras destrozadas, hechos de violencia, despido de trabajadores, aumento desmesurado en los precios de productos básicos, aumento al precio de las gasolinas, la crisis económica en el Estado, etc.– una buena que se produjo la semana pasada, sin duda alguna, fue la creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Tan pronto se supo que sería creada esta institución educativa surgió la polémica. Varias voces se pronunciaron en contra. Creo que más que por los fines en sí, por la sospecha de que pudiera ser refugio de políticos en el desempleo o refugio del gobierno para pagar favores colocando ahí a personas con las que quisiera saldar algún compromiso.
Acaso alguna desconfianza procediera también del recuerdo de la que creó en 2001 en el Distrito Federal el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador –la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)–, que igual generó polémica muy parecida a la que se dio aquí –capricho de gobernante, sin la debida planeación, con nivel académico dudoso, populista, etc.–, universidad que, como se temía, hoy es rehén de los intereses de las tribus del PRD.
Yo soy de los que creen que todo lo que tenga que ver con la educación debe ser bienvenido y que a la sociedad corresponde vigilar que programas, instituciones, en verdad cumplan con los objetivos para los que son creados y que se logre y mantenga un buen nivel académico, una buena calidad educativa.
Si nuestros políticos y nuestras autoridades gastan, despilfarran, desvían, hacen mal uso de los recursos públicos en cosas que sólo son de provecho para ellos, para sus grupos o intereses o para sus partidos políticos, entonces, que se utilicen para una buena causa como es la creación de una universidad debe ser bien recibido y aprobado.
Esta vez debe aplaudirse que en su totalidad los diputados locales votaron a favor –de 46 nadie se opuso y nadie se abstuvo, de todos los partidos.
Una de las cosas que hicieron bien al aprobar la Ley que creó la nueva Universidad fue que al desaparecer el Instituto Veracruzano de Educación Superior, sus alumnos salvan sus derechos al ser incorporados a la nueva institución. También que, por el contenido de la nueva disposición legal, las bases parecen serias, sólidas, sin denotar improvisación.
La UPAV –se dice– nace como un organismo público descentralizado, con partición pública y privada y sectorizada a la Secretaría de Educación de Veracruz, y la educación que impartirá se hará con respeto a los principios de libertad de cátedra e investigación así como de libre examen y discusión de ideas. Llaman la atención sus modalidades educativas: será abierta, semiescolarizada, a distancia y ‘las que sean necesarias’ para dar cumplimiento a los objetivos; sus horarios serán flexibles.
Esto me hace imaginar que fue creada para acabar en su totalidad con el problema de los jóvenes que no pueden ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) (este año, de 34 mil 500 aspirantes no fueron admitidos 19 mil) y para dar oportunidad también a quienes no pueden ir al sistema escolarizado, tradicional, ni a vivir a la gran ciudad. El hecho de que sea a distancia habla de que han pensado en las nuevas tecnologías de la información y creo que de esa forma ya no podrá estudiar una carrera universitaria quien no quiera.
Sobre el estatus del rector, es algo parecido a la UV: El dictamen aprobado establece que el rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz durará en su desempeño cuatro años, pudiendo ser designado para un segundo; para ocupar ese cargo es necesario ser veracruzano, mayor de 35 años de edad; poseer título de licenciatura expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y contar, preferentemente, con estudios de posgrado y obra reconocida.
Con la aprobación de la ley se crea la Junta de Gobierno, que a la brevedad deberá expedir la normatividad interior que reglamente las disposiciones de la ley. También se creará el Consejo Técnico Académico, Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento o equivalentes; el domicilio de la UPAV estará en la capital del estado y podrá contar con las sedes necesarias para el cumplimiento de su objetivo. O sea, que se está pensando también en descentralizarla.
Sin ningún prurito de mi parte, si no deja de hacerme ruido por qué Universidad Popular. Acaso sea porque se pretende que sea para jóvenes del ‘pueblo’, es decir, de las clases menos favorecidas, aunque ello marcaría ya una distinción frente a otras de élite. No importa si eso sólo son elucubraciones mías, lo importante, creo, es que no sea populista en el sentido peyorativo que le conocemos”.
El miércoles el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró que viajaría a la Ciudad de México para entrevistarse con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, para, entre otras cosas, abordar el caso de la UPAV ya que la propia SEP le había informado de la emisión de 100 mil certificados “dudosos”.
Sé de muchos casos de jóvenes, incluso profesionistas, que de la mejor buena fe y con la mejor intención de superarse se inscribieron y estudiaron en la UPAV y han cursado carreras en forma, pero también sé de muchos casos de quienes no se les ha entregado la documentación que los acredita como egresados, aparte de los cien mil a los que habrían entregado algún certificado “dudoso”.
Ayer el nuevo Gobierno del Estado acabó con la incertidumbre en la que vivían miles de estudiantes y egresados de esa universidad al informar que sin prejuzgar su validez, se revisará la situación de los 100 mil certificados de bachillerato expedidos tanto en Veracruz como en otras entidades federativas, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública.
Asimismo, que la UPAV seguirá funcionando, que se revisará el marco académico para elevar la calidad educativa, que se buscará ajustar a la universidad a las disposiciones legales para garantizar la certeza de los programas de estudio y que se transparentará su funcionamiento.
Ese fue el acuerdo al que llegaron en la Ciudad de México para salvaguardar el interés de los estudiantes veracruzanos y de la educación de Veracruz. A la reunión acompañó al gobernador Yunes Linares la rectora Maribel Sánchez Lara y funcionarios de la SEV.
Por el tema relevante que resulta el de la educación y por la cantidad de involucrados y ahora beneficiados, creo que es uno de los mejores logros del nuevo gobierno en su corta vida. Que sean más.
Investigan ya el caso de la CDI
Entre los delegados federales –según me comentó uno de ellos– daban ayer doble contra sencillo que tanto Irais Maritza Morales Juárez como Shariffe Osman Flores tienen sus horas contadas en la delegación estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Esto luego de que desde la oficina central en la Ciudad de México se inició una “supervisión interna” del caso, según publicó el portal informativo animalpolitico.com, que denunció el lunes pasado tráfico de influencia o –como se le llama ahora– conflicto de interés, consistente en que Osman Flores, administrativa de la dependencia, ha beneficiado con contratos millonarios a sus familiares con el visto bueno de su jefa y amiga Morales Juárez (Léase “Prosa aprisa” del miércoles “Hombres y mujeres, la corrupción por igual”).
“La CDI ya está supervisando el caso para deslindar responsabilidades sobre el comportamiento de los servidores públicos”, apuntó la dependencia, que subrayó que están obligados “técnica y moralmente a aplicar los recursos federales con transparencia y a evitar el posible conflicto de interés”, según publicó el portal.
Ahora podrían inhabilitarlas por prácticas corruptas o enfrentar a la justicia federal si se hubieran desviado recursos.