Nico; pasó de bueno a corrupto

En la administración del alcalde de Minatitlán, Héctor Damián Cheng Barragán, los 14 ediles presentaron y ganaron la Controversia Constitucional No. 151/2016 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), interpuesta por el Síndico Único Martín Gracia Vázquez, para que el gobierno estatal restituyera a la ciudad los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Recordemos que estos servicios eran administrados por la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) antes de que el corrupto ex gobernador Fidel Herrera Beltrán los transfiriera con un ilegal decreto al gobierno del estado y la convirtiera en la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con la venia de su protegida y corrupta ex alcaldesa Guadalupe J. Porras David (2008-2010), junto con la mayoría de los convenencieros ediles que permitieron se violentara el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En septiembre de 2018, el gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes Linares no realizó la entrega-recepción de los servicios con el ayuntamiento de Minatitlán que ya presidía el morenista Nicolás Reyes Álvarez, y ahora con fecha del pasado 30 de marzo la SCJN mandata que la administración del actual gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez, la concrete.

Ahora, en un documento – conteniendo 4 puntos y signado el pasado 21 de junio- el director general de la CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, respondió al alcalde Nicolás Reyes que a través de la Unidad Jurídica de la CAEV, a cargo de Jessica Aguirre García, se reunirían en las oficinas centrales de la CAEV, el pasado 27 de junio, para proponer la fecha en que se concluya la revisión de los puntos pendientes y firma del acta de entrega-recepción.

Jorge Ladrón de Guevara aprovechó la “oportunidad” para mencionar en el oficio que la Oficina Operadora de la CAEV en Minatitlán, a cargo de Eulalio González Azamar, tenía un pasivo de $ 234, 175,130.50, hasta el 21 de junio de 2019.

Y el adeudo que tiene con respecto a los pagos centralizados en la CAEV, hasta el 18 de junio era de $ 43, 331,547.47.

Conceptos Saldo actual
1 Aportación 5% $ 21,483.009.17
2 Aportación PAA 50% $ 0.01
3 CFE $ 3,197,046.27
4 Conagua $ 3,750,355.27
5 Diversos, reloj checador, equipo de
Cómputo, materiales diversos $ 318,998.53
6 Equipo de bombeo $ 467,543.12
7 Fianza Fidelidad $ 14,063.10
8 ISR $ 6,605,951.72
9 Papelería $ 3,437.45
10 Prestamos $ 5,361,274.63
11 Seguro de vida $ 16,351.12
12 Seguro vehicular $ 186,598.49
13 Servicios Ambientales (ABC) $ 1,022,453.63
14 Uniformes $ 904,465.23
Total: $ 43,331,547.47


No omito manifestar, indicó Ladrón de Guevara Benítez en su escrito, que al desincorporarse la CAEV de Minatitlán se tendrá que hacer cargo de los pagos centralizados a Oficinas Centrales como son CFE, ISR, derechos CONAGUA, entre otros (al citar las siguientes deudas).

- Adeudo de ese H. Ayuntamiento a esta Comisión, por concepto de agua potable, el ayuntamiento de Minatitlán le debe a la CAEV $ 62, 161,364.00, por la suma de 10 contratos.
- Alcances del personal adscrito a la Oficina Operadora de Minatitlán $ 819,292.08
- Nómina pagada, importe bruto, del ejercicio 2018 $59, 781,277.79. Y del ejercicio 2019, hasta la primera quincena de junio $ 22, 626,896.65, además de los pasivos laborales que se sigan generando hasta la fecha de entrega del sistema.

Así como los juicios promovidos contra la Oficina Operadora de la CAEV en Minatitlán, siendo estos:

- Juicio Ordinario Mercantil No. 10/1998, promovido por la empresa Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S. A. de C. V. (OPC), contra esa Oficina Operadora antes denominada CMAS, mismo que está en sección de ejecución, con un requerimiento notificado el 3 de junio del presente año, por la cantidad de $ 36,582,055.80 (pendiente de actualizarse.
- Juicio Laboral No. 807/2017-III promovido por la C. Nora Hilda de la Cruz, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, $ 826,769.24.
- Juicio Laboral No. 659/VI/2014 promovido por la C. Patricia Martínez Mendoza, ante la Junta Especial Número 14 de la Local de Conciliación y Arbitraje, $ 5, 138,649.13.
- Juicio Laboral No. 895/VI/2013 y 1083/VI/2015 promovido por el C. Eblín Francisco Pluma Lara, ante la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje ----------------$ 1, 875,775.62.
- Juicio Ordinario Civil No. 1218/2016/VI promovido por el C. Amador Guzmán Álvarez ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Minatitlán, $ 821,502.72.
- Juicio Ordinario Civil No. 225/2018-1, promovido por el C. Donaciano Moreno Reyes, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Minatitlán, $ 220,000.00.

Una vez cumplido con lo anterior, acordaremos la fecha para el acta entrega-recepción, cumpliendo con el requerimiento del Máximo Tribunal, en el acuerdo de 30 de mayo pasado, además de la sentencia de fecha 4 de abril de 2018, dictada en la Controversia Constitucional N. 151/2016, citó textual Ladrón de Guevara Benítez.

Y puntualizó cual jurisconsulto y humanitario, la transferencia de los servicios será responsabilidad garantizar la continuidad y correcta prestación de los mismos a la población del municipio de Minatitlán, respetando el derecho humano al agua tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocido además por la Asamblea General de las Naciones Unidas con resolución No. 64/292, de fecha 8 de julio de 2010; por la Organización mundial de la Salud (OMS) a través de la resolución No. 64/24, así como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales en su artículo 11 y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General No. 15.

Ante el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador morenista Cuitláhuac García -a través de Jorge Ladrón de Guevara-, y el también morenista Nicolás Reyes pretenden realizar una entrega-recepción de manera simulada, toda vez que el gobierno estatal no quiere perder los más de 10 millones de pesos que mensualmente aporta la Oficina Operadora de la CAEV en Minatitlán, y el alcalde morenista Nicolás Reyes no quiere conformar el Organismo Descentralizado que administraría la citada oficina operadora; la cual deberá pagar la mayoría de los pasivos antes citados, además de heredar salarios y prestaciones de los cientos de trabajadores de sindicalizados de la CMAS y CAEV.

Al respecto, aseguran la mayoría de los ediles que acordaron en sesión de Cabildo enviar un oficio a la SCJN para que se haga efectiva la entrega-recepción que simulan Cuitláhuac García y Nicolás Reyes.

En su campaña política Nicolás Reyes –en ese entonces conocido como Nico el bueno- decía que se conduciría con honestidad si ganaba la alcaldía, pero como presidente municipal ha mostrado signos de autoritarismo, omisión e ineficacia; y esto último también es corrupción como reiteradamente lo predica en sus discursos mesiánicos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Insisto, el timorato Nicolás Reyes pasó de bueno a corrupto, porque él y el secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM)-CROC, Andrés Santos Escandón, habrían acordado pagar solo el 4 por ciento de aumento salarial a los más de 500 trabajadores del SUEM y del SEMM, de enero a mayo de 2019, y no les pagaron más de 3 millones de pesos del año 2018, porque el año pasado Andrés Santos se hizo el occiso al no exigir nueva revisión contractual y salarial ni emplazar a huelga por los mismos motivos legales. Tal y como lo publiqué en mi Opinión/Columna ABRIENDO BRECHA titulada Vil contubernio http://www.plumasdelgolfo.com/portal/?p=47695, de fecha 10 de junio de 2019.

Un acto de “ineficacia” más. El autoritario Nicolás Reyes –emulando al viejo estilo del PRI y PAN-, la mayoría de los demás ediles y consejeros comunitarios del Consejo Municipal de Desarrollo, aprobaron en sesión de Cabildo un paquete de más de 60 obras, el pasado 24 de junio, después de que él y sus asesores –violentando el reglamento interno y legal- lo enviaron antes al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS); sin que estuvieran ratificados los consejeros comunitarios para aprobarlo junto con los ediles.

Al paso que lleva, el timorato y ladino Nicolás Reyes se perfila para terminar como el más autoritario y corrupto alcalde de Minatitlán, y la mayoría de los ediles que le autorizan sus ocurrencias –si no rectifican a tiempo y en beneficio de la ciudadanía- serán señalados y recordados por haber sido cooptados y “maiceados” por el primer alcalde morenista que alguna vez prometió conducirse con honestidad. Parece que a Reyes Álvarez ya se le olvidó que cuando tomó posesión del cargo juró respetar la ley y hacerla respetar.

Haciendo a un lado la aparente entrega-recepción simulada de la oficina operadora de la CAEV en Minatitlán entre Jorge Ladrón de Guevara y el alcalde Nicolás Reyes, por qué el ayuntamiento de Minatitlán tiene que liquidarle a la CAEV estatal: los $ 43, 331,547.47 por pagos centralizados; $ 62, 161,364.00 por el servicio de agua potable; $ 59, 781,277.79 y $ 22, 626,896.65, por las respectivas nóminas que se pagaron en el 2018 y 2019. Es pregunta.

Si se supone que durante más de 10 años la CAEV que creó el corrupto Fidel Herrera cobró por el servicio de agua potable en Minatitlán entre 8 y 10 millones de pesos mensuales, en qué se invirtieron, o quienes se “tranzaron” la mayor parte de los casi mil millones de pesos que ingresaron durante todos esos años, y por qué no se pagaron los adeudos que tienen pendientes las oficinas centrales y la multicitada CAEV en Minatitlán. También son preguntas.

Además, si la Controversia Constitucional de la SCJN mandata que el gobierno del estado tiene que entregarle la oficina operadora de la CAEV en Minatitlán al ayuntamiento de Minatitlán o al Organismo Descentralizado, con todos los pasivos y activos habidos y por haber; la ley y lógica indican que el Ayuntamiento de Minatitlán podrá liquidarle en pagos a este organismo y no a las oficinas centrales de la CAEV, como trata de condicionar el “vivillo” de Jorge Ladrón de Guevara.

Pero recurramos a la ley. El último párrafo del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica textual “En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

El primer párrafo de la fracción XVI del Artículo 107 de la misma Constitución, cita textual “Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria”.

Y el segundo párrafo de la citada fracción XVI, indica textual “Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En conclusión, si el gobernador Cuitláhuac García y el alcalde Nicolás Reyes le siguen haciendo al “ensarapado” con la entrega-recepción de la oficina operadora de la CAEV en Minatitlán, ambos podrían ser separados de su cargos y sometidos a proceso judicial. En palabras comunes, los meterían a la cárcel por desacato a la Controversia Constitucional de la SCJN.



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