El daño patrimonial en Veracruz, cuenta 2018

Este martes, en el Congreso de Veracruz se votará el nuevo Informe de la Cuenta Pública 2018. Será el único dictamen que se abordará en la sesión extraordinaria, convocada para las 17:00 horas.

Derivado de esa nueva revisión, muchos alcaldes y ex funcionarios yunistas tendrán que dar explicaciones sobre el uso de los recursos públicos.

Se prevé que algunos ex titulares de las secretarías del Gobierno de Veracruz enfrenten problemas para solventar las observaciones.

Entre las dependencias con los mayores montos por presunto daño patrimonial se encuentra, por obvias razones, la Secretaría de Finanzas y Planeación, que registró probables irregularidades por más de 406 millones de pesos. El ex titular de esa oficina en 2018 es Guillermo Moreno Chazzarini, quien relevó a Clementina Guerrero en julio de 2017 y se mantuvo en el cargo hasta la conclusión de la administración de Miguel Ángel Yunes

En un caso similar está la Secretaría de Seguridad, cuyo ex titular es Jaime Téllez Marié fue observado por un monto que supera los 56 millones 843 mil pesos; eso sin contar los más de mil millones que se manejan por el tema del sistema de videovigilancia, por los que hay una denuncia interpuesta desde los tiempos en que Lorenzo Antonio Portilla estaba al frente del Órgano de Fiscalización Superior, ORFIS.

A la Secretaría de Desarrollo Social le emitieron observaciones por 258 millones 418 mil pesos, números redondos. El 19 de febrero de 2018, José Rodrigo Marín relevó a Indira Rosales en ese cargo.

A la Secretaría de Educación, que en 2018 tuvo como titular a Enrique Pérez, le giraron observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial por 128 millones 148 mil pesos.

Un caso que llama la atención es la Coordinación General de Comunicación Social, dependencia que tuvo observaciones que podrían constituir un daño patrimonial por 67 millones 643 mil pesos. Originalmente a esa oficina le habían documentado presuntas irregularidades por más de 68 millones 223 mil pesos; luego del proceso de solventación a que tuvieron derecho los señalados, la Coordinación no justificó ni siquiera el uso y destino de un millón, por lo que se esperan acciones contra el ex titular Elías Assad Danini.

Con un menor monto aparece la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, con observaciones por 28 millones 653 mil pesos. La mayor parte de 2018, el titular de dicha dependencia fue Yolanda Baizabal Silva, quien relevó en febrero de ese año al actual senador Julen Rementería.

La Secretaría de Gobierno, a cargo del perredista Rogelio Franco Castán, registró observaciones por 5 millones 200 mil pesos

Entre los organismos autónomos, destaca la Fiscalía General del Estado, encabezada durante 2018 por Jorge Winckler Ortiz; esa oficina tuvo observaciones por más de 7 millones 192 mil

Como resultado de la nueva revisión a la cuenta pública 2018, el ORFIS giró 375 observaciones a 131 municipios veracruzanos por un monto de 300 millones 182 mil pesos; además, mil 972 observaciones administrativas y mil 673 recomendaciones.

Entre los municipios con más observaciones destacan Veracruz (PAN), con 13 millones 339 mil pesos; y Tuxpan (PAN), con 13 millones 56 mil pesos, cuyos alcaldes Fernando Yunes Márquez y Antonio Aguilar Mancha, tendrán que explicar el manejo de esos recursos.

Coatzacoalcos (Morena), aparecen con 439 mil 374 pesos; Boca del Río (PAN), con 168 mil 227 pesos; y Martínez de la Torre, PAN, con 700 mil.

En el caso de los ayuntamientos, llama la atención que algunos municipios pequeños tuvieran altas observaciones; es el caso de Ixhuatlán del Café (Viridiana Bretón, PAN), con un presunto daño patrimonial por 3 millones 837 mil pesos; o de San Rafael (Luis Daniel Lagunes, PAN), con 4 millones 329 mil pesos.

De acuerdo con el ORFIS, los principales motivos de las observaciones fueron anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados; traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen; saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental; erogaciones sin comprobación documental; erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios; erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad; adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable; falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia; y subejercicio de recursos de programas y/o fondos federales. @luisromero85