FGE, la ruta de la designación

El pasado jueves 30 de abril, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz emitió las convocatorias para designar a los fiscales General del Estado y Especializado en Combate a la Corrupción, cargos que actualmente cuentan con encargados de despacho: Verónica Hernández Giadáns y Alfredo Corona Lizárraga, respectivamente.

Quienes sean designados permanecerán en dichos espacios durante nueve y cinco años, respectivamente; en el caso de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General, el encargo se prolongaría hasta el año 2029; es decir, durará lo que resta de la administración de Cuitláhuac García, así como 5 años del próximo gobierno estatal.

Los aspirantes deberán presentar sus documentos a la Jucopo en un plazo que vence el próximo 10 de mayo; diez días naturales después, los interesados en esos cargos serán notificados e iniciará entonces el proceso de entrevistas.

Luego de tres días quedarán integradas las ternas por parte de la Jucopo, y cinco días más tarde el tema de los nombramientos deberá ser resuelto en el Pleno del Congreso, por mayoría calificada; es decir, el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.

En el caso de Veracruz, que tiene un Congreso local con 50 legisladores, Morena requeriría el voto de los diputados de otras fuerzas políticas para sacar adelante sus propuestas, pero dicho escenario no se antoja complicado, dado que los de PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, Encuentro Social y Partido Verde no se han caracterizado precisamente por ser una oposición real en el Congreso local, de tal manera que durante los últimas días de mayo o primeros de junio, la entidad tendrá nuevos titulares en las fiscalías General del Estado y Anticorrupción.

La mayor atención por obvias razones recae en el nombramiento en la FGE; lo más probable es que Verónica Hernández busque la titularidad –actualmente es encargada de despacho–.

No tendría mayores problemas para lograr su propósito, dado que no ha desempeñado un mal trabajo en su cargo actual y, al parecer, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y de un amplio sector de la bancada de Morena.

El punto, sin embargo, no radica en el nombramiento, sino en la permanencia de quien sea designado: en tiempos del ex gobernador Javier Duarte, el Gobierno del Estado modificó la ley; desapareció la Procuraduría y creó la actual Fiscalía; la idea era que los titulares permanecieran en ese cargo por un periodo de 9 años; la intención era dejar a un elemento de confianza para que cuidara la espalda al ejecutivo.

El primer fiscal veracruzano fue Luis Ángel Bravo Contreras, cuyo periodo terminaría en enero de 2024 –llegó al cargo en 2015–; no habían pasado ni dos años cuando el fiscal de Duarte renunció en noviembre de 2016, unos días antes de la llegada de Miguel Ángel Yunes a la gubernatura; Bravo Contreras puso pies en polvorosa pero fue detenido en junio de 2018.

En diciembre de 2016 llegó Jorge Winckler Ortiz a la Fiscalía de Veracruz, pero solo se mantuvo hasta septiembre de 2019; su paso por el cargo se caracterizó por un enfrentamiento casi enfermizo con el Gobierno de Morena.

Hoy, sobre Winckler pesan varias acusaciones y el fiscal de Yunes se encuentra en calidad de prófugo.

De esos antecedentes se desprende que el fiscal que sea designado en el actual proceso podría durar en el cargo, en el mejor de los casos, hasta 2024, que será cuando entregue el gobierno Cuitláhuac García.

Si el próximo gobernador no es de Morena, no es afín al actual ejecutivo o simplemente no tiene una buena relación con quien sea designado en estos días, entonces para 2025 habrá nuevo proceso y un nuevo fiscal. @luisromero85