La crisis de las empresas constructoras

La pandemia del coronavirus ha impactado de manera grave a la economía de Veracruz y los sectores productivos se encuentran en problemas para mantenerse a flote. Uno de los más golpeados es el de la industria de la construcción y no se avizora una mejor situación en el futuro inmediato.

Los datos aportados por la Confederación de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz permiten visualizar un escenario crítico. De acuerdo con su presidente, el empresario Marcos Salas Contreras, el 50 por ciento de las empresas constructoras en la entidad veracruzana podrían desaparecer.

La razón –dice– es que no hay inversión en obra pública, además de la presunta corrupción que existiría tanto en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) del Gobierno Federal, como en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del estatal.

En cuestión de números, el representante del sector prevé que entre mil y dos mil empresas cierren sus puertas, además de otras que ya bajaron sus cortinas.

También señala que el pago de diezmos o moches golpea a los empresarios; es una denuncia recurrente desde hace décadas contra instancias públicas.

De acuerdo con Marcos Salas, los pagos para poder tener los contratos de obra serían del 20 por ciento del monto total de los proyectos.

Por otro lado, hace hincapié en la urgente necesidad de que las obras se realicen por parte de veracruzanos y no de foráneos, pero además, con constructores serios que entreguen obras de calidad.

La molestia e indignación de los constructores veracruzanos radica en que la Secretaría de Infraestructura, aseguran, ha entregado proyectos a empresas foráneas que llevaban más de 10 años sin trabajar; pero además, la dependencia estatal les paga por adelantado obras que no se encuentran terminadas.

Aseguran, por ejemplo, que hay al menos 12 contratos por arriba de los 15 millones de pesos y asignaciones directas hasta por 42 millones.

Además, revelan que tienen identificadas otras 12 licitaciones públicas en las que habría un patrón de actuación: se emite la convocatoria; el oficio de prórroga; se declara desierto el concurso y se asigna la obra de forma directa a la empresa beneficiada.

Incluso, dan un dato interesante. La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) habría realizado 165 pagos correspondientes a 155 obras en 2019 y la SIOP solamente contempla 127.

Es más, en la Gaceta Oficial del Estado del 20 de mayo de este año, se indica que el 80 por ciento de las obras tienen el estatus de ejecución, es decir, que no han sido concluidas, pero ya fueron pagadas en su totalidad.

Con relación a la presunta corrupción que impera en el Centro SCT-Veracruz, los constructores acusan que también ocurre en los de otros estados como San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Nuevo León y Michoacán.

De acuerdo con su información, las empresas ganadoras resultan ser del norte del país y en ocasiones dejan tiradas o inconclusas las obras.

Por ello, sería importante que los constructores documenten y denuncien las diversas irregularidades, en caso de que existan, para que no sólo se quede en lo mediático y se avance en el combate a la corrupción.

Habría que señalar que precisamente el combate a la corrupción fue una de las principales banderas de Morena para ganar tanto la Presidencia de la República como el Gobierno del Estado. @luisromero85