* LOS ‘TACOS’ DE TOMÁS RUIZ

El jueves pasado, después de que se difundió que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, lo había vinculado a proceso a él y a otros tres ex funcionarios de la Sefiplan por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo, el ex secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz, aclaró que la denuncia que dio origen a este procedimiento, presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “no se formuló en mi contra” pues afirmó que no se advirtió “responsabilidad de mi parte en el manejo de esos recursos”, sino que “fue a partir del dicho de una persona” –en alusión al ex tesorero Antonio Tarek Abdalá Saad– que, dijo, “buscó beneficiarse con un ‘criterio de oportunidad’ y no enfrentar a la justicia, que me vi indebidamente involucrado en esta situación”.

Sin mencionarlo por su nombre, Ruiz González acusó a Tarek de “engañar” a la Fiscalía General de la República como testigo colaborador, y reveló que desde 2018 presentó dos denuncias penales ante la FGR para que se investigue al ex diputado federal priista de Cosamaloapan por el delito de falsedad en declaraciones, ya que a la fecha no ha aportado prueba alguna que sustente o haga creíble sus imputaciones.

Pero este caso de desvío de los 2 mil millones de pesos del sector educativo no es el único que ha ventilado Tarek Abdalá. Reveló también, por ejemplo, que antes de que él fuera tesorero, fue creado un “fondo especial” por instrucción del primer titular de la Sefiplan en la administración duartista, para entregar un sobresueldo, una compensación adicional en efectivo a secretarios y subsecretarios, para homologar sus percepciones con los de los funcionarios federales.

“Este fondo especial era conocido como ‘los tacos’ y estos fondos eran repartidos por Tomás Ruiz únicamente a secretarios y subsecretarios. Este dinero provenía de la operación realizada dentro de las cuentas... de la Secretaría de Gobierno y la de Educación”, detalló el ex tesorero.

Como se sabe, Ruiz González renunció a la Sefiplan en 2012, después del escándalo de los 25 millones de pesos en efectivo que la Policía Federal les confiscó a dos empleados del gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca. Sin embargo, un año después retornó sorpresivamente al gabinete del ex gobernador Javier Duarte como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP).

Después de concluir la administración duartista en noviembre de 2016, Tomás Ruiz se desapareció de la escena pública, reapareciendo hasta agosto de 2019 como director general corporativo de la cuestionada empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), no obstante que había sido acusado de peculado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de más de mil millones de pesos de fondos federales en Veracruz, acreditados por más de 80 denuncias interpuestas por la ASF, aunque fue señalado también de estar implicado en la probable malversación de 35 mil millones de pesos.

Según el portal Latinus, del periodista Calor Loret, habrían sido los empresarios mexicanos Luis y Mauricio Amodio Herrera, actuales dueños del capital mayoritario de OHL, quienes habrían encargado a Ruiz González las áreas de finanzas, legal y recursos corporativos, además de formar parte del consejo directivo de la empresa.

PJE: FIN A DISPENDIOS

Tiene 34 años de edad, es egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV) y cuenta con una maestría en Administración Pública. Se llama Joana Marlen Bautista Flores y es la que como directora de Administración del Consejo de la Judicatura se han encargado de aplicar la política de austeridad en el Poder Judicial del Estado que está por cerrar el ejercicio presupuestal de 2021 con una histórica reducción en el ejercicio de su gasto, superior a los 218 millones de pesos.
Para esta joven administradora no ha sido fácil ejecutar la instrucción de la magistrada presidenta del PJE, Isabel Inés Romero Cruz, que ha implicado eliminar prestaciones innecesarias y dispendiosos gastos asignados a los togados desde administraciones pasadas.

El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), por conducto de su directora de Administración, habrá de ejercer menos de mil 884 millones de pesos de su presupuesto anual, algo histórico en comparación a lo que venía ocurriendo hasta la administración estatal anterior, donde el derroche y los excesos convirtieron a esta instancia en el “cuerno de la abundancia” para los magistrados y personal de alto nivel.

De acuerdo a documentos de transparencia, el presupuesto ejercido en el PJEV alcanzó en el 2019 un máximo de 2 mil 102 millones de pesos, correspondiente al último año de la gestión del magistrado presidente Edel Álvarez Peña, en tanto que para el año 2020 se bajó a mil 905 millones de pesos, y para este ejercicio fiscal la cifra cerrará sobre los mil 884 millones de pesos, implicando un ahorro sustantivo.

¿Qué dirán ahora los detractores de Joana Marlen, que en agosto de 2020, al asumir la Dirección de Administración, impugnaron su nombramiento por su corta trayectoria y escasa experiencia en la materia? Por lo que se ve, esta joven economista que anteriormente laboró en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), no ha desaprovechado la oportunidad que recibió.