* CASO MONTANO: ¿Y EL MÓVIL?

Hace un par de semanas, casi al anochecer del viernes 12, los círculos políticos y sociales de la capital veracruzana se vieron conmovidos al conocerse el artero crimen del empresario xalapeño Juan Carlos Montano Guzmán, hermano del ex diputado local y federal del PRI, Alejandro Montano, quien en el sexenio del ex gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004) se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del estado y fue uno de los 11 aspirantes del partido tricolor a la gubernatura que finalmente ganó el entonces senador Fidel Herrera Beltrán.

El cadáver del familiar del ex funcionario priista fue hallado en la cajuela de un automóvil Nissan tipo March color gris, el cual fue arrojado a una barranca cercana a la población de Palmarejo, municipio de Emiliano Zapata, a escasos 18 kilómetros de Xalapa. Para llegar hasta ahí se debe atravesar la congregación de Miradores del Mar, luego pasar por una unidad habitacional de Homex y posteriormente atravesar todo el pueblo de Rancho Viejo. Con excepción de los lugareños, no muchos conocen ni transitan ese camino estatal que llega hasta la pintoresca comunidad de El Roble, donde radican parientes lejanos de la víctima.

Ante el impacto de este trágico suceso, la familia Montano Guzmán expresó a través de un mensaje difundido en redes sociales su agradecimiento por “el apoyo recibido” del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y de su secretario de Seguridad Pública, afirmando que “confiamos en las instituciones para que realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el homicidio de nuestro querido hermano…”

A los dos días, el domingo 14, el caso fue aparentemente resuelto de manera accidental. Y es que a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que en un retén civil, a la altura del rastro municipal de Lerdo de Tejada, en el sur del estado, elementos de la SSP ubicaron un vehículo Chevrolet, tipo Beat, placas WUC4891, del estado de Tabasco, con dos hombres a bordo, José Antonio “N” y Javier Gamaliel “N”, quienes se identificaron como supuestos elementos de la Policía Ministerial. “Ambos se comportaron de forma agresiva insultando a los policías estatales, y uno de ellos disparó contra un oficial, por lo que fueron intervenidos”, según se consignó en el reporte.

El comunicado detalló que durante la intervención les aseguraron una cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada, envoltorios con diversas cantidades de sustancias similares a los narcóticos, un arma de fuego corta y camisolas con la leyenda de la SSP.

De manera extraoficial se informó que, de acuerdo con labores de investigación e intercambio de información entre las autoridades, a los detenidos se les relacionaba con el homicidio de Montano y, presuntamente también, con el de un profesor integrante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV). Los implicados y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Séptima de la Fiscalía General del Estado en San Andrés Tuxtla.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuál fue el móvil del crimen del hermano del político alemanista, que es lo medular de toda investigación ministerial.

Ojalá que este caso no tenga nada qué ver con lo publicado cuatro días después, el pasado jueves 18, por el periodista Julio Hernández, autor de la columna Astillero, del diario La Jornada –el más afín al régimen obradorista–, quien escribió: “Un grupo de ciudadanos, cuya identidad se mantiene a resguardo, reporta que en Veracruz se han multiplicado los delitos cometidos por fuerzas policiacas, sobre todo los secuestros exprés. Relatan que durante la administración de Fidel Herrera Beltrán se asentaron en esa entidad miembros de cárteles que operaron libremente y, ya con Javier Duarte de Ochoa, fueron incorporados con uniforme a la llamada Fuerza Civil.

“Con el morenista Cuitláhuac García, a quien se le acumulan los problemas sin verdadera solución, se mantuvo esa dualidad policiaca y delictiva y, en semanas recientes, hay una acometida para detener a quien pueden, argumentando cualquier falta o presunto delito, mediante evidencias sembradas, para llevar al supuesto infractor a lugares clandestinos desde donde se llama a familiares para pedir rescate por miles de pesos. Los casos no son reportados a las autoridades porque los secuestrados asumen que les iría peor…”

Tres días después, el domingo 21, la periodista Lourdes López, corresponsal del diario Excélsior en el estado, en un texto titulado “Polarizan cifras de plagio en Veracruz”, refrendó esta misma versión, al revelar que “una fuente consultada, refirió que en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) hay infiltrados que pertenecen a bandas de secuestradores en Xalapa”.
“El número exacto de infiltrados no lo sé, lo que sí te puedo decir es que son, al menos, cuatro bandas las que están actuando en esta región. Hay policías y ex policías, lo mismo de la UECS que de Seguridad Pública”, le confiaron a la reportera.