Políticos caradura

Una mujer, permanece más de 500 días en la cárcel detenida por un delito inexistente, la SCJN, por unanimidad, le otorga un amparo liso y llano para enmendar la injusticia, sin embargo, lo que le da un cariz de mayor gravedad al asunto, es que el abuso lo cometió el Fiscal General de la República, en complicidad con la Fiscalía y el TSJ de la CDMX.

Así pues, a pesar de que se documenta y se evidencia la tropelía de las autoridades señaladas, no pasará nada, impunidad institucionalizada.

Lo anterior, es sólo un botón de muestra de la falta de ética de la mayoría de los integrantes de la burocracia dorada, es una democracia medianamente funcional, bastaría el asomo de sospecha a la actuación de cualquier funcionario, para que presentara su renuncia o se separara del cargo.

Pero, como México no es un país de instituciones (las que existen sobreviven a pesar de), se requiere de la voluntad del Tlatoani para aplicar la ley o hacer mutis (depende del humor del señor presidente), ante los desvaríos de los cortesanos, imposible pensar que estas violaciones flagrantes se puedan perseguir de oficio.

Debemos admitir que esta perniciosa y añeja costumbre, está enquistada en el quehacer político en todos los niveles de gobierno, la máxima juarista de: “a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas”, es el grito de batalla de las elites, que nos han convertido en un país de cínicos, circunstancia pronosticada por José López Portillo.

Subrayamos, es increíble que, el fiscal tuerza (u ordene que lo hagan), el código penal, para que se ejecute una acción persecutoria, además de lo que esto significa en sí mismo para sus responsabilidades, hay una desproporción inaudita en la que un hombre harto poderoso, arremete contra una mujer sin mayor defensa que hacer mediático su caso.

El presidente no es responsable de los actos del fiscal, claro, a menos que los convalide.